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La actuación de la delincuencia organizada es motivada por la ambición y es el dinero el insumo que soporta su estructura criminal, por lo que es fundamental que el combate al blanqueo de activos continúe cada día con más decisión y fortaleza institucional.
La Procuraduría General de la República reconoce que para nuestro país significó un gran avance la decisión del Poder Constituyente Permanente de incorporar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la figura de la extinción de dominio y el esfuerzo que implicó, mismo que fue secundado por la muy loable e intensa labor del Congreso de la Unión para instituir una ley federal en la materia.
Igualmente, tiene claro que la delincuencia es dinámica, por lo que el Gobierno Federal tiene la obligación de enviar propuestas que busquen ajustar y mejorar la legislación actual con el objetivo de responder adecuadamente a las exigencias que la realidad impone.
Como cualquier legislación, la Ley Federal de Extinción de Dominio es susceptible de ser mejorada.
Por tales razones, el pasado 3 de septiembre el Ejecutivo Federal envió a la H. Cámara de Diputados una iniciativa de reformas a la Ley de Extinción de Dominio. La intención del proyecto que busca reformarla es mejorar su eficacia, privando a los delincuentes de los bienes derivados de su ilegal actuar y reduciendo de manera significativa, por tanto, su capacidad de seguir dañando a la sociedad.
La iniciativa de reformas a la Ley Federal de Extinción de Dominio que se presenta pretende:
1. Facilitar y fundar la acción de extinción de dominio en información ajena a la averiguación previa.
2. Independizar totalmente la acción civil de extinción de dominio de la averiguación previa para evitar revelar información que eventualmente pudiera poner en riesgo la seguridad de las personas y la eficacia de las indagatorias.
3. Evitar condicionar el éxito de la acción civil de extinción de dominio al resultado del juicio penal.
Con toda seguridad, el envío de dicha iniciativa ameritará un análisis detallado y constructivo necesario para seguir perfeccionando nuestro sistema jurídico.
El Gobierno Federal seguirá trabajando en la construcción y modernización del andamiaje jurídico que soporte la prevalencia del Estado de Derecho en nuestro país.
