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De más de cuatro mil funcionarios públicos del Poder Ejecutivo y Judicial, obligados a presentar su declaración anual de modificación patrimonial, sólo alrededor de 200 han realizado este trámite, aun cuando se han colocado hasta módulos de orientación y atención de la Secretaría de la Contraloría.
El plazo para los servidores públicos que tienen a su cargo inventario o que ocupan puestos que van desde jefes de departamento a secretarios, termina el 31 de enero próximo. De no cumplir, se harán acreedores a multas que van de los 8 a los 20 salarios mínimos.
El proceso, puede durar solo 10 minutos, y con ello evitar sanciones como lo comentó Gustavo Navarro Muro, con 12 años laborando para el Estado, quien es uno de los pocos funcionarios cumplidos: “es porque hay un límite en el que se vence tiene término del 31 de enero, para rendir la declaración y se incurre en faltas administrativas; sé que hay sanciones importantes en los casos en los que el funcionario o el servidor público se demora en rendir esta declaración que es un obligación”.
