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Ciudadanos de Jojutla, diputados y grupos organizados han denunciado en su momento, sobre la ilegalidad que hay en el cargo que tiene como tesorero, José Carmen Sandoval Casamata, derivado de que desde que inició la administración que encabeza Enrique Retiguín Morales, éste no habría cumplido con lo que marca la ley orgánica municipal, por lo que la diputada local, Dulce María Huicochea, solicitó al cabildo la documentación correspondiente que avale y desmienta, en su caso, esta supuesta ilegalidad.
Pese a que el uno de los requisitos es que cuente con título y cédula profesional de las carreras de contador público, licenciado en economía, licenciado en administración o alguna afin, en la página de Internet (www.jojutla.gob.mx) se informa que Sandoval Casamata cuenta con carrera de “nivel medio terminal”; lo cual fue señalado en su momento por el cuerpo edilicio y el alcalde hizo caso omiso ya que sus asesores señalaban que la palabra carrera afin, le permitía estar en el cargo. Por otro lado, nunca se ha presentado al cabildo la póliza de fianza a que se refiere artículo 79 de la ley orgánica, en el entendido de que la Auditoria Superior Gubernamental (ASG) nunca ha hecho alguna observación al respecto.
En este sentido, este viernes, seis de los nueve integrantes del cabildo solicitaron, por segunda ocasión, realizar un cabildo extraordinario para tocar este punto y que tanto el tesorero como el jurídico comparezcan para dar información que a la fecha no han entregado sobre laudos y demandas laborales.
En este último punto, trascendió que tanto el alcalde como la síndica, Alejandra Rodríguez Salazar, podrían ser destituidos del cargo, ya que incumplieron con el pago de un lado por más de 700 mil pesos, que pese a que el cabildo instruccionó al tesorero a hacerlo, éste no lo pagó y ahora, tanto Retiguín Morales, como Rodríguez Salazar, tienen que enfrentar esta situación jurídica como los representantes del ayuntamiento.
