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Luego de la muerte del joven que trabajaba en un mototaxi en Tlaltizapán a manos de elementos de seguridad pública de esta localidad, y en donde el Ejército tuvo que intervenir en apoyo a la policía ministerial para hacer la detención de policías y revisión de las armas, se confirmó que toda la corporación se quedó sin armas de fuego debido a que se las llevaron para hacer la investigación correspondiente desde el sábado y por lo menos hasta el mediodía del lunes, así lo confirmó el edil, Ennio Pérez Amador, quien comentó que el domingo enviaron un oficio a la zona militar y la Procuraduría para hacer el trámite correspondiente y poder recuperar las armas.
Algunos ciudadanos de Tlaltizapán reportaron incidentes durante el fin de semana, como fueron algunos robos entre los que destacó el de la primaria “Sofía Vázquez” de la cabecera municipal, de la cual e llevaron equipo de computación, según informes de padres de familia.
Asimismo y en el marco de esta situación que se vive en el municipio, el propio mandatario municipal señaló que ya nombró a Francisco Valle Quiroz, encargado de despacho en Seguridad Pública y que es un hecho la separación del cargo de Anuar Cárdenas Rueda, coordinador de seguridad pública, al cual invitará para que se incorpore a otra área del ayuntamiento.
Finalmente, la subprocuraduría de justicia de la zona sur poniente informó que tras el término constitucional de 48 horas, obtuvo los elementos probatorios para ejercitar acción penal en contra de cuatro policías, uno de ellos mujer, por encontrarlos como presuntos responsables de la muerte de Daniel Valenzuela Santos. Bajo la consignación 025, se detuvieron a: Alejandro Jiménez Rodríguez, consignado como el probable responsable del delito de homicidio calificado; José Pastor Leana, Antonio García Ibarra y Leyda Esmeralda Jaimes Bárcenas, estos últimos, consignados como presuntos responsables del delito de encubrimiento por favorecimiento, en agravio de la Administración de la Justicia. Mientras que los demás policías y personal de la la Dirección General de Transportes (DGT) del Gobierno del Estado de Morelos que fueron llamados a declarar, fueron puestos en libertado, bajo reservas de ley.
