A partir de hoy se puso en huelga de hambre a las puertas de la Procuraduría General de Justicia, Agustín Ponciano García García de 71 años de edad, para exigir justicia ya que a 13 años de haber sido “fabricado culpable”, su hijo Agustín García Urbina de un accidente automovilístico que no provoco, lo privaron de su libertad, lo hicieron firmar pagares para reparar los daños que no causo y con esto le embargaron y le están rematando su casa en un descarado ejemplo de corrupción e impunidad entre el doctor Javier Mendoza Duarte y funcionarios de la Procuraduría y peritos de la policía de tránsito de Cuernavaca.
El denunciante informó que el día primero de noviembre de 1997 a las 3:30 horas, el vehículo Ford Ghia modelo 92, propiedad del médico cardiólogo Javier Mendoza Duarte, era conducido por su sobrino Alan Escoza Reyes, en estado de ebriedad, sin licencia para conducir e invadió el carril contrario al virar de la avenida Díaz Ordaz hacia Alta Tensión con dirección al centro chocando con la camioneta Combi conducida por su hijo Agustín García Urbina.
A consecuencia del impacto asegura el denunciante, su hijo quedó inconsciente y con una herida de 17 centímetros en la cabeza y Alan con golpes en la frente nariz y cuello al impactarse contra el parabrisas, por lo que incluso lo estrello con su cabeza, hecho que afirma Agustín Ponciano fue plenamente probado como evidencia de la responsabilidad del sobrino del doctor, opero afirmó que estas evidencias fueron desparecidas por las autoridades.
El denunciante aseguró que el oficial de Tránsito de Cuernavaca, Elías Velázquez Sánchez, y el doctor Javier Mendoza, fabricaron evidencias y peritajes para hacer aparecer culpable a su hijo Agustín, mientras que a Alan lo desaparecieron y presentaron como conductor del Guía al hijo del doctor de nombre Fidel Mendoza Escorza.
Posteriormente el agente del Ministerio Público, Luciano Morales Mondragón violando la Constitución y toda ley, le negó a su hijo el derecho a tener un abogado defensor y sin tener peritaje de la PGJ, valido cómo única verdad absoluta el peritaje de la policía de Tránsito de Cuernavaca, y fabrico 3 declaraciones todas incriminatorias contra su hijo Agustín García.
Aseguro el denunciante que pese a estar herido su hijo Agustín, el M.P. Luciano Morales y el doctor Javier Mendoza, mantuvieron privado de su libertad a Agustín y bajo amenazas de consignarlo como culpable del accidente y refundirlo a la cárcel los hicieron firmar un pagaré por 14 mil pesos más 10 por ciento de interés mensual y además para otorgar el perdón al falso conductor.
El denunciante señaló que el M.P. no tomó en cuenta las lesiones de su hijo, los daños a su camioneta de más de 30 mil pesos y ya con el pagaré firmando en su manos le embargaron su casa por un monto de 200 mil pesos ya con sentencia de remate en el Juzgado Primero expediente 53/98 y para colmo al exhibir esta corrupción y denunciar a los antes señalados lo denunciaron por difamación y lo metieron a la cárcel caso radicado en el Juzgado segundo menor expediente 54/02-2.
Finalmente Agustín Ponciano reitero que son 13 años de lucha contra la corrupción e impunidad, donde las autoridades se han burlado todas de sus quejas y denuncias, encubriéndolas los corruptos en cinco averiguaciones previas, fabricando todo en torno a este accidente, pues incluso han fabricado otro percance, escondiendo la fotografía fundamental del parabrisas estrellado del Ford Ghia que demuestra que el conductor resulto herido y que por lo tanto no puede ser el hijo del doctor sino su sobrino.
Agustín Ponciano recalcó que por denunciar con pruebas estos 13 años toda esta corrupción, de la Comisión de Derechos Humanos y de la mimas PGJ, “me han amenazado por escrito-licenciado Goyri de la Comisión de Derechos Humanos- con iniciarle averiguación por difamación y sobre todo esto revela que se han iniciado las indagatorias, SC/6ª/686/97-11, SC/1ª/8052/98-11, DH/170/00-12 y SC/1ª/001/05-01, señalando que no le queda otra que luchar hasta el final por el daño que le han cometido a toda su familia y a su dignidad.
COMUNICADO QUE OFRECE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA ENTORNO AL CASO:
En relación a los hechos por los que el señor Agustín Ponciano García García se ha manifestado afuera de las instalaciones de la PGJ, para exigir la liberación de su casa embargada, así como la reparación de daño moral, daños y perjuicios, la Procuraduría General de Justicia informa lo siguiente:
Efectivamente, como refiere el ofendido, el 1º de noviembre de 1997 un vehículo Ford Ghia 1992 y una combi, en la que viajaba su hijo Agustín García Urbina, se vieron involucrados en un accidente automovilístico. Derivado de ello, y en esa misma fecha, ambos conductores fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Horas después, y antes de que el término constitucional concluyera, ambas partes llegaron a un arreglo, sin que aún esta representación social tuviera el dictamen pericial correspondiente.
Por ello, Agustín Ponciano comparece ante el Ministerio Público manifestando que ya había cubierto la cantidad de 14 mil pesos mediante un pagaré y otorgaba el perdón a Javier Mendoza Duarte. Motivo por el cual se presume que tal vez dicho dinero no fue liquidado en la fecha pactada, por lo que la parte ofendida hizo efectivo el documento ante la instancia judicial y derivado de una sentencia ejecutoria ahora le quieren embargar su casa al señor García García; sin embargo este asunto es mercantil, ya no está en las manos ni es competencia de la Procuraduría General de Justicia.
Es importante señalar que en 1998, Ponciano García denunció penalmente al Ministerio Público Luciano Guadalupe Morales Mondragón y al oficial de tránsito Elías Velázquez Sánchez por diversos delitos como abuso de autoridad y extorsión, entre otros. En ese mismo año se dictó acuerdo de no ejercicio porque no se acredito la figura delictiva. Cabe destacar que Luciano Guadalupe Morales renunció de manera voluntaria al cargo de MP, el 31 de diciembre de 1998.
El 1ero. de enero de 2005, Ponciano García presenta una nueva denuncia penal en la Averiguación Previa SC/1ª/01/05-01 por extorsión, fraude procesal, falsificación de documentos, abuso de autoridad y secuestro (express), nuevamente en contra de los antes referidos y otros presuntos responsables. De la cual se dictó acuerdo de no ejercicio por prescripción en virtud de que los hechos denunciados se suscitaron en 1997.
Descrito todo lo anterior, esta Procuraduría General de Justicia ya no tiene competencia en los hechos que el señor Ponciano García refiere, ya que son del ámbito mercantil y no penal, así mismo cada una de las Averiguaciones Previas que hace referencia, fueron iniciadas y resueltas en su momento con el no ejercicio de la acción penal.