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Integrantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos en el estado enviaron una carta a la oficina del alto comisionado para los derechos humanos, a fin de pedir su intervención por la medida de arraigo que se ha adoptado en México y que viola totalmente los derechos humanos de los detenidos.
El presidente de la Comisión Independiente de los Derechos Humanos, José Martínez Cruz, aseveró que este tipo de medidas se han adoptado por parte de las autoridades para hacer ver a la ciudadanía que se trabaja en la detención de delincuentes, pero no se tienen la certeza de que sean responsables ni mucho menos que las declaraciones que se obtienen por medio, en la mayoría de los casos, de la violencia sean ciertas.
Expuso el caso de los 20 inculpados por la muerte de Juan Francisco Sicilia y otras seis personas más, quienes permanecieron arraigados por más de 20 días y hasta este fin de semana se dio a conocer que son responsables, sin que sean presentados o se informe de los elementos que prueban su culpabilidad.
“Una de las preocupaciones que expresamos en ese momento que el arraigo como una medida precautoria en verdad no está regulada por mecanismos que permitan garantizar derechos y fijar claramente la responsabilidades de las personas que están sujetas a arraigo, esta figura se ha transformado del 2008 a la fecha en el arma fundamental que utilizan las corporaciones policiacas sobre todo a nivel federal para sujetar a una detención y violar toda una serie de derechos porque prácticamente queda en la indefensión”, detalló.
