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El decreto promulgado con el que se crea la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos, es muestra del compromiso social que refrenda el Presidente Felipe Calderón Hinojosa, al dar respuesta a una demanda ciudadana y un derecho fundamental de las personas, que debe ser respaldada por las instituciones del país, aseguró el gobernador de Morelos Marco Adame Castillo.
En entrevista, el mandatario estatal recordó que la propuesta de creación de una instancia que atendiera a los ciudadanos víctimas de algún delito, fue abordada en diversos foros y espacios a los que ha sido invitado, como el Foro Político: “Seguridad y Justicia”, realizado por el Senado de la República, así como en los Consejos de Seguridad a nivel nacional y estatal.
Dijo que el tema de la atención integral a quienes han sido víctimas de delitos a través de modelos y protocolos adecuados, es algo que actualmente ocupa los primeros espacios de la agenda de seguridad y procuración de justicia que son discutidos en las reuniones que sostiene la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO).
“No hay foro alguno, donde no se haya discutió esta tema que preocupa tanto a nuestro país, donde no esté ya claro que por delante, y en primer lugar, debe estar el apoyo a las víctimas”, expresó Marco Adame.
Agregó que esta acción anunciada por el Presidente de la República, brinda una oportunidad de impulsar en Morelos con mayor fuerza, medidas de las que está a cargo la Procuraduría General de Justicia, avaladas por el Poder Judicial y aprobadas por iniciativa del Poder Ejecutivo en el Congreso del Estado como parte de la Reforma al Nuevo Sistema de Justicia Penal para evitar la doble victimización.
Marco Adame destacó la importancia del paso que ha dado el país, con la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos, “Esto ayuda a fortalecer la vida institucional del Estado a favor de la justicia y en especial de los ciudadanos que han sufrido a consecuencia de la violencia y la inseguridad”.
Fue enfático al resaltar la importancia de contar con una instancia que ayude, acompañe y facilite el acceso a la justicia, a apoyos sociales, aspectos médicos, psicológicos y económicos para resarcir los efectos indeseables, que causa la violencia en sus distintas expresiones.
