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Los programas relacionados con vivienda, electrificación, talleres sociales, entre otros serán sujetos a una estricta vigilancia en su aplicación, a fin de evitar que sean otorgados con otros propósitos que no sean el desarrollo y beneficio de las personas con mayores rezagos, particularmente en el periodo electoral de este año, sostuvo el gobernador Marco Adame Castillo.
Durante una reunión de trabajo realizada con el secretario de Desarrollo Humano y Social, Ricardo Esponda Gaxiola, con quien revisó las acciones a implementarse durante las próximas semanas en diferentes comunidades con índices de vulnerabilidad, el gobernador Marco Adame reiteró que la política social se mantendrá como prioridad en la agenda del Poder Ejecutivo, apoyando al mayor número de familias morelenses que requieren del apoyo gubernamental para progresar.
En este sentido, el secretario de Desarrollo Humano, Ricardo Esponda, informó que se estarán ejerciendo recursos estatales del orden de 79 millones de pesos aproximadamente para este año, sumados a los más 440 millones de pesos de inversión federal que destina la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Secretaría de Hacienda, a través de diversos programas.
Aseguró que la indicación del gobernador Marco Adame es la implementación con total transparencia de cada uno de los programas sociales, para lo cual se estará contando con la participación de las Contralorías Sociales, con el objetivo de que los beneficios se otorguen sin condicionamientos económicos ni a cambio de apoyar a partidos políticos ni candidatos.
“Sabemos que en los tiempos electoral la gente puede ser manipulada por ciertos partidos políticos, por ello buscaremos que las cosas no sucedan así, por lo que estamos atentos a cualquier supervisión o cualquier tipo de auditoría que se pudiera presentar”, comentó Esponda Gaxiola.
Por lo anterior, el gobernador Marco Adame exhortó a las personas que participan en los programas que operan tanto la Secretaría de Desarrollo Humano como la SEDESOL a denunciar ante las la Contraloría, la Procuraduría de Justicia y la General de la República, cualquier intento de condicionamiento de apoyos gestionados, ya que además de ser gratuitos no deben ser a cambio ni de votos ni para expresar preferencias hacia determinado partido o candidato.
