ABUSO POLICIACO EN EL MUNICIPIO DE JOJUTLA CONTRA COMERCIANTES

La diputada Adriana Mújica Murias, presidenta de la Comisión de Equidad de Género del Congreso del Estado, exigió hoy el cese y castigo de al menos 15 policías que reprimieron, golpearon, lesionaron y detuvieron a un grupo de manifestantes que el jueves realizó una manifestación de protesta en contra de la corrupción, discriminación y acoso sexual de funcionarios del gobierno municipal de Jojutla.
Además pidió la liberación inmediata, sin acusación alguna, de 11 comerciantes que se encuentran detenidos por la Procuraduría General de Justicia y la policía municipal como resultado de ese operativo policiaco, entre ellos tres mujeres, de los cuales cuatro están puestos a disposición del agente del Ministerio Público y siete más permanecen en poder de la corporación jojutlense, pero éstos en condiciones infrahumanas.
En conferencia de prensa acompañada por un grupo de fenicios encabezados por Teresa García Hernández, la legisladora reveló que la noche del jueves visitó a los detenidos y constató que presentan claras huellas de la golpiza que les propinaron los policías, que ha visto videos de los hechos en los que se acredita la represión y el abuso de autoridad y ha solicitado la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Dijo que elementos de las policías municipal y Ministerial golpearon indiscriminadamente a hombres, mujeres, niños y hasta mujeres embarazadas y una persona con capacidades diferentes, y alertó sobre lo que considera una intención de las autoridades del gobierno del estado y del ayuntamiento de Jojutla, de cometer otro abuso de autoridad en su contra “ahora desde el ámbito legal”, al pretender acusar a los detenidos de una serie de delitos.
En el evento se puso de manifiesto que la protesta, consistente en el cierre intermitente de una avenida por un grupo de comerciantes del centro de esa ciudad, derivó de los abusos de Ernesto Estudillo, administrador de los mercados Benito Juárez, Antonio Riva Palacio López y Margarita Maza de Juárez, quien a través de sus agentes fiscales los extorsiona, los discrimina, en particular a las mujeres de la comunidad indígena de Xoxocotla a las que llaman “indias patas rajadas” y exige a las comerciantes ambulantes favores sexuales para dejarlas trabajar.