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Gerardo Casamata Gómez solicitó ante la presidencia del Congreso del estado su reinstalación en el cargo de titular de la Auditoria Superior de Fiscalización (ASF), toda vez que “quedaron extinguidas las penas (judiciales) que me fueron impuestas y por lo tanto me han devuelto mis derechos políticos y civiles; y lo más importante, el juez no me inhabilitó para desempeñar un cargo público”.
El ex auditor fue recibido por los miembros de la Junta Política y de Gobierno, que encabeza el perredista Fidel Demédicis Hidalgo, explicó que el punto de acuerdo del 07 de diciembre de 2010, aprobado por el pleno del Congreso local, establece su “separación temporal” del cargo de auditor “hasta en tanto se resuelva en definitiva la causa penal que lleva bajo el expediente número 10/2010 el juez primero de distrito”.
El ex funcionario indicó que compareció ante los líderes parlamentarios para pedirles que resuelvan su situación jurídica, en el entendido de que su separación fue temporal y al haber concluido el procedimiento penal y no estar inhabilitado, corresponde al Congreso local reinstalarlo.
Estoy en espera de que la Junta Política decida cuál va a ser el procedimiento para la reinstalación o en su caso, si consideran (los diputados) que ya no es conveniente la prestación de mis servicios, tendrán que liquidarme por el periodo que yo dejé de prestar mis servicios, que son cinco años, puesto que yo fui electo del año 2008 al año 2015”, explicó.
El ex auditor Superior de Fiscalización se encuentra actualmente suspendido, esto pese a haber sido sentenciado a dos años de prisión al ser hallado culpable del delito de Informes Falsos dados a una Autoridad, en la Causa Penal número 10/2010, por el Juzgado Primero de Distrito en el estado, por lo que en caso de volver, sentaría un precedente negativo, pues sería la primera ocasión en que un alto funcionario pudiera permanecer en el cargo a pesar de ser culpable de un proceso criminal.
Gerardo Casamata mediante escritos de fechas 22 de Marzo, 18 de Abril y 2 de Mayo del presente año, pidió su reintegración al cargo, alegando que se habían cumplido los dos años a los que fue sentenciado y durante los cuales tuvo sus pendidos sus derechos políticos electorales. Esto no obstante que en el número 4976 del Periódico Tierra y Libertad de fecha nueve de Mayo del año que transcurre, se publicaron sendas resoluciones, dictadas la primera de ellas en el Amparo Directo Penal 652/2011, seguido en el Primer Tribunal Colegiado en la cual se le niega el Amparo y Protección de la Justicia Federal en contra de la sentencia de culpabilidad dictada por el Juzgado Primero de Distrito en el estado en la Causa Penal 10/2010 y que posteriormente fuera confirmada por el Tribunal Unitario en el Toca de Apelación 190/2011.
Esto es la sentencia quedó firme sin posibilidad de ser revocada. La segunda resolución se refiere a la suspensión que le fue decretada por el Congreso del Estado y que en el Amparo en Revisión el propio Primer Tribunal Colegiado le niega el amparo y protección de la justicia federal contra la suspensión impuesta y que es la que lo mantiene alejado del cargo (esto se encuentra visible y consultable en la Página de Internet del Periódico Oficial)
