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Un plazo de 72 horas, “de buena voluntad”, otorgaron los aproximadamente 150 elementos de la Policía Vial o de Tránsito de Cuernavaca, para que el Ayuntamiento les resuelva de manera definitiva los seis puntos de su pliego petitorio, luego de que por espacio de cuatro horas, se mantuvieron en paro de labores en protesta principalmente por la imposición “de cuotas”, por parte de su director Jesús Salmerón García, que ante las manifestaciones de repudio de sus agentes, quedó suspendido del cargo y el próximo lunes se definirá su situación.
De esta manera tras la suspensión de Jesús Salmerón quedó como encargado de la operatividad de la corporación, responsable de la vialidad en la ciudad, el comandante Ernesto García Sandoval, así lo informó el Síndico del Ayuntamiento, Humberto Paladino Valdovinos, al acudir al auditorio Teopanzolco, donde se encontraban concentrados los policías de tránsito sin salir a laborar desde las 6.30 de la mañana.
Ante las protestas de los uniformados, quienes exigían la presencia del alcalde Rogelio Sánchez Gatica o del encargado de despacho de la Secretaría de Protección y Vialidad, Ramón López Urquijo, fue hasta las 10.30 horas en que llegó para atender sus demandas, el síndico Humberto Paladino, quien logró que los uniformados aceptaran a irse de inmediato a trabajar, con el compromiso de que el lunes a más tardar el alcalde, Rogelio Sánchez Gatica les dará respuesta definitiva a las 6 demandas de su pliego petitorio.
Sin embargo de inicio Humberto Paladino dijo a los inconformes, que el director Jesús Salmerón, a quien acusan de imponerles cuotas de 200 pesos diarios a los elementos de pie tierra y de 500 a los motociclistas y patrulleros, pues se sabe al interior de la corporación que “debe juntar al mes más de 100 mil pesos para pasar corriente a los superiores y sus familiares ajenos a la dependencia”, quedó suspendido del cargo hasta el próximo lunes en que el alcalde Rogelio Sánchez defina su situación.
Se dijo que lo mismo sucederá con su sobrino Luis Salmerón, que es su cómplice en estos actos de corrupción , además de que las otras demandas como la carencia de equipo, como motopatrullas y patrullas en buen estado, uniformes, armas, radios y su mantenimiento, así como seguro de vida para las patrullas para el personal y que se les retiren los equipos para imponer infracciones de la empresa Contrall System, se los retiren por obsoletos, pero sobre todo, porque si se les descomponen o los pierden se los cobran a precios de “oro”, cuando la empresa se enriquece en complicidad con las autoridades al quedarse con el 45 por ciento del importe de cada infracción, cobrándose así “a lo chino”, sus anacrónicos y costosos aparatos como el Handcel y las erráticas impresoras, serán definitivamente resueltos por el alcalde el próximo lunes.
Como punto número seis los uniformados exigen que se acabe con los ilegales arrestos de 36 horas que les imponen algunos jefes, como “medida disciplinaria”, cuando muchos de ellos como lo han denunciado están dedicados a saquearlos.
En este contexto se cuestiono al sindico, Humberto Paladino, sobre otra pretensión al interior de la Dirección de Vialidad, de imponer otra empresa de grúas, “Grúas Bahena”, para “La Liberación” de vías en el primer cuadro de la ciudad y en las principales avenidas de la ciudad, y que significaran multas para los automovilistas de más de tres mil pesos.
Al respecto el síndico, afirmó que ni hay esta intención ni se ha tratado al interior del cabildo, pues sería una sangría para la ciudadanía, pero en contraste al interior del Ayuntamiento se sabe que por indicaciones del Oficial Mayor, Jorge Arturo Olivares, en complicidad con otro funcionario de apellido Reyna, y el síndico Roberto Yañez, han tratado de sorprender a la Presidenta del Comité de Adquisiciones y Directora de Recursos Materiales, Mariana Guerrero, para concretar esta imposición luego de que el empresario de “Grúas Bahena”, les ha comenzado a dar diferentes cantidades de dinero, para lograr su propósito, además de que el Oficial Mayor, Olivares Brito, pretende llevar a cabo un revanchismo contra el empresario que actualmente ostenta la concesión, Elí Montejo, por un proceso judicial, que pretende resolver de manera extrajudicial para su beneficio, aprovechándose del cargo, incurriendo así en el trafico de influencias.
