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El Congreso del estado, la Procuraduría General de Justicia (PGJE) y la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF) realizarán una mesa de trabajo este miércoles a las 10:00 horas en el recinto legislativo, para definir las reformas necesarias para que los desvíos de recursos públicos sean perseguidos de oficio.
Actualmente investigar estos presuntos ilícitos requiere querella y ésta se ha convertido en un obstáculo para castigar a los eventuales irresponsables, toda vez que a las denuncias no se les da seguimiento, explicó el presidente de la Junta Política y de Gobierno (JPyG), diputado Juan Ángel Flores Bustamante.
En tanto, el procurador General de Justicia, Mario Enrique Vázquez Rojas, informó que existen en la dependencia 27 carpetas de investigación relacionadas con presuntos desvíos de recursos públicos, pero se trata de un delito de querella, no de oficio, y por tanto su avance depende de la aportación de pruebas.
Al hablar acerca de la comparecencia del procurador ante todos los coordinadores de grupos y fracciones parlamentarias que integran la JPyG, que con carácter privado se celebró esta mañana en la sala de juntas del órgano de gobierno, Flores Bustamante reconoció que nada pasará con las denuncias interpuestas por desvíos de recursos en diferentes municipios.
Ante representantes de diversos medios de comunicación, explicó que se trata de denuncias que se siguen por querella y para su investigación las pruebas deben ser aportadas por los síndicos municipales, los cuales no lo hacen debido a que responden a compromisos de diversa índole con los presidentes municipales.
Señaló que de las investigaciones de que informó el procurador Vázquez Rojas a los coordinadores parlamentarios, la mayoría corresponden a asuntos prescritos de los municipios de Yautepec, Tlayacapan, Tepoztlán, Cuautla y Axochiapan, aunque hay otros casos como el de Zacatepec que tiene ocho denuncias vigentes, pero en ellas es previsible que tampoco pase nada.
Expuso que por ello se tomó el acuerdo de que abogados del Congreso y de la Auditoría se reúnan con especialistas de la Procuraduría que serán encabezados por el abogado Carlos Villavicencio de la Rosa, el miércoles, para definir qué reformas al Código Penal o a la Ley de la Auditoría Superior de Fiscalización se deben hacer, para que ante asuntos de desvíos de recursos públicos “no sea el querellante el que deba estar aportando, sino que sea por oficio”.
En entrevista por separado, el procurador Vázquez Rojas señaló que de las 27 averiguaciones que sobre desvíos de recursos se encuentran en la dependencia a su cargo “hay unas que están prescritas, otras que están en trámite, otras que están determinadas”, aunque “también hay otros asuntos que corresponden a la hacienda pública, a los ayuntamientos, pero nosotros nuestra obligación es la investigación de los delitos”.
Indicó que se trata de 27 denuncias pero no son nuevas, sino que fueron presentadas desde hace mucho tiempo; dijo también que en el caso de Cuernavaca hay cuatro carpetas de investigación de trabajadores sindicalizados y una vez que se integren debidamente las pruebas “ya nosotros resolvemos si las consignamos al juzgado o se decreta el no ejercicio, depende de las pruebas que aporten”.
