QUITAN SEGURIDAD A EX FUNCIONARIOS DE GOBIERNO

Los diputados del Congreso local aprobaron esta noche un punto de acuerdo mediante el cual exhortan al gobernador del estado a revocar el Acuerdo de fecha 28 de septiembre pasado, a través del cual se expiden lineamientos para otorgar protección a ex funcionarios que se desempeñaron en áreas de seguridad pública y procuración de justicia.
Los legisladores solicitan abrogar el Acuerdo por no encontrarle fundamento legal ni en la Ley del Sistema de Seguridad Pública ni en la Ley Orgánica de la Administración Pública vigente cuando se publicó, además de considerar, entre otros elementos, el rechazo social que ha generado, su costo para las finanzas públicas y la insuficiencia de policías en la entidad.
El dictamen del punto de acuerdo fue elaborado por la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, que preside el diputado Carlos de la Rosa Segura, a partir de una proposición hecha el 4 de octubre anterior por el diputado Héctor Salazar Porcayo, a la que se adhirieron los legisladores José Manuel Agüero Tovar, Isaac Pimentel Rivas y Rosalina Mazari Espín.
A través del artículo único del dictamen “se exhorta al Ejecutivo del Estado, licenciado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, a abrogar el Acuerdo por el que se establecen lineamientos para asignar servicio de seguridad y protección para ex servidores públicos del Gobierno del Estado de Morelos, que hayan desempeñado funciones en materia de seguridad pública o procuración de justicia, publicado el 28 de septiembre de 2012, en el Periódico Oficial número 5030”.
El dictamen expone con relación a la propuesta original, que resultado de la implementación de la política de seguridad pública del Ejecutivo Federal, Morelos vive un grave problema de inseguridad pública y violencia ante el cual resulta una injuria a los ciudadanos el Acuerdo del 28 de septiembre, firmado por los ex secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública.
Señala que la Comisión coincide plenamente con los iniciadores, recuerda los alcances del Acuerdo impugnado y emite consideraciones por las cuales estima improcedente el otorgamiento de protección a los funcionarios, en razón del costo y del mérito, pues señala que en todo caso una prestación de esa naturaleza debería ser un reconocimiento al desempeño, señalando casos de aquellos que han ocupado cargos de seguridad pública y procuración de justicia sin actuar a favor de la sociedad.
El dictamen también destaca que con fecha 26 de junio de 2012, el Congreso aprobó el decreto número 1987 con el que adiciona el artículo 42 Bis a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado, el cual no se encuentra vigente debido a que aún no concluye su proceso legislativo, pues el Ejecutivo del estado lo devolvió con observaciones.