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En México, la corrupción constituye un flagelo que provoca desvío de recursos públicos con fines privados, falta de respeto a las normas establecidas y confrontación entre quienes deciden cumplir la ley y los que viven al margen de ella.
La impunidad es una de sus principales consecuencias, lo que genera desconfianza hacia el aparato de administración y procuración de justicia en el país, además de rechazo a la institucionalidad, aseguró Daniel Márquez Gómez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, en ocasión del Día Mundial contra la Impunidad, que se conmemora este 23 de noviembre.
Está enraizada en la identidad nacional y tiene dimensiones profundas. Desde niños, a los mexicanos se les educa en la mentira para eludir responsabilidades y así, en la vida adulta, recurren a prácticas como el pago de contraprestaciones ilícitas (mordidas) para evitar sanciones al violar normas de tránsito.
Éstas se vuelven conductas endémicas, a veces impulsadas desde la misma institucionalidad, expuso.
Gasto en corrupción
Mediciones internacionales advierten que las familias del país dedican entre 70 y 170 pesos por día a prácticas corruptas. El problema no radica en el diseño normativo o en los organismos dedicados a combatirla, sino en ideas heredadas desde hace siglos. “Existen condiciones que favorecen la presencia de estas conductas”, apuntó Márquez Gómez.
“No hemos sido capaces de superar esta cultura, de la que se nutren el machismo, la violencia contra niños y mujeres, el callarse e inclinarse ante los poderosos y la imposibilidad de autocrítica y de enfrentar este lastre”, sostuvo.
En el combate a la corrupción e impunidad se olvidó la importancia del enfoque preventivo, al no promover campañas contra la discriminación, en favor del respeto a la actividad de periodistas y comunicadores, orientadas a desterrar la homofobia y la discriminación, y a enraizar la idea de una identidad nacional, recalcó.
Prácticas cotidianas
El investigador del IIJ expuso que la impunidad la podemos advertir desde el hogar, en la vida cotidiana y en el proceder de funcionarios que utilizan los recursos a su disposición para su beneficio, sin ser sancionados. Vivimos en una anomia institucional, es decir, sin respeto a la ley ni al orden establecido, indicó.
Uno de los problemas de las estrategias para combatir estas prácticas es su carácter reactivo. Se enfrentan a través de leyes o la creación de instituciones como secretarías, contralorías, fiscalías especializadas, pero no a nivel ciudadano.
La no interiorización de las normas, con el pretexto de que las leyes regulan conductas externas, representa un obstáculo. Además, la identidad nacional y el sentido de pertenencia no son promovidos como valores sociales deseables en una colectividad que quiere vivir con un mínimo de respeto y estabilidad. Es necesario generar una ética más allá de ideologías e intereses personales, precisó.
Dos visiones
Por su parte, José Antonio Álvarez León, de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán y especialista en derecho, consideró que por las condiciones prevalecientes, en nuestro país no hay un elemento formal para conmemorar esta fecha.
En México hay dos visiones sobre tal efeméride. Una tiene que ver con el trabajo de los observatorios ciudadanos y la movilidad social, para mostrar que aún hay procesos históricos sin resolver, lo que causa indignación, como también el señalamiento de actos de corrupción que generan y fortalecen los vínculos de impunidad.
Otro, agregó, es el lado institucional. “Se ha quedado en la intención de hacer cambios estructurales al sistema de justicia para agilizar el acceso a la misma y resarcir daños. Sin embargo, permanece en el tintero y tendrían que resolverse para, al menos, comenzar a dar pasos significativos”, detalló.
“La corrupción es un fenómeno que no está enraizado en un solo lugar, básicamente se gesta en términos formales en la práctica gubernamental, que se ejerce a través del sistema de justicia y de procuración. Si estos niveles de procuración e impartición están infiltrados por la delincuencia, por autoridades corruptas, por la protección de políticos, el flagelo crece y genera inseguridad”.
Además, la información que se genera a través de los medios de comunicación, incomoda y pone de manifiesto problemas de orden social que son cubiertos si hay reparación o eliminación extra formal de periodistas.
