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El presidente de la Junta Política y de Gobierno (JPyG), diputado Juan Ángel Flores Bustamante, confirmó que el Congreso recibirá una ampliación presupuestal que ya fue acordada con el Poder Ejecutivo, misma que se dará en tres ministraciones de nueve millones de pesos cada una, a partir de esta quincena.
Además reveló que el Congreso pretende un presupuesto de 380 millones de pesos para el año próximo, los cuales contemplan un ahorro de entre 15 y 20 millones que serán utilizados para iniciar la construcción de un nuevo recinto legislativo, la cual podría darse a partir de 2013 si el Ejecutivo, como esperan los diputados, aporta el terreno necesario.
En entrevista con representantes de diversos medios de comunicación, en el marco de la reunión de hoy de la JPyG, el legislador explicó que los 27 millones de pesos que integran la ampliación presupuestal serán utilizados para atender todos los pendientes económicos del Congreso.
Entre ellos el pago a proveedores de productos y servicios, salarios y prestaciones del personal, las prestaciones inherentes a los fallecimientos de cuatro ex diputados ocurridos este año y quizás un par de laudos laborales, entre otras cosas.
Precisó que el pago correspondiente a las liquidaciones del personal de cuyos servicios se espera prescindir, no está contemplado para ser cubierto con esta ampliación presupuestal, sino que formará parte del presupuesto de 2013, el cual se sigue analizando aún pero ya fue reducido a alrededor de 380 millones de pesos.
De tales recursos también resultará la cobertura de la prestación a que tienen derecho 30 ex diputados, relativa a obtener en vida 108 de los 180 días de dietas que sus deudos recibirían al momento de su muerte, de conformidad con el artículo 18 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado.
El diputado Juan Ángel Flores Bustamante dio a conocer también que los coordinadores de los diversos grupos y fracciones parlamentarias que participan en la JPyG, acordaron solicitar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso, un informe sobre casos de presuntas irregularidades financieras en los municipios.
Rechazó especular sobre las cantidades que implican esas anomalías y los partidos a que pertenecen las autoridades involucradas, precisamente porque los diputados no conocen con exactitud esos datos que derivan de las auditorías realizadas por la Auditoría Superior de Fiscalización, sobre cuyas actividades deberá tratar el informe solicitado a la Comisión de Hacienda.
Lo que sí afirmó es que para castigar el peculado “lo que se requiere es aplicar la ley”, aunque “hay lagunas en la ley, también hay que decirlo”. Y advirtió que “este Congreso no va a proteger a nadie que tenga un delito comprobado”.
