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La semana pasada se presentó ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dos solicitudes de destitución del presidente municipal de Puente de Ixtla, esto por parte de dos policías que fueron despedidos en el 2011 sin recibir su liquidación correspondiente.
Al respecto el alcalde Julio Espín Navarrete detalló en entrevista que la pasada administración no atendió el tema de las demandas de ex policías a quienes se les despidió injustificadamente, no se hizo el trámite laboral adecuado y no recibieron su liquidación correspondiente, por lo que ahora a tan sólo 28 días la nueva administración se encuentra con ese grave problema.
Dijo buscarán los recursos para pagar o de lo contrario, al ya no contar con un fuero como presidente, puede ir a dar a la cárcel.
Detalló que solicitarán apoyo al gobierno estatal para poder cubrir esta deuda que oscila entre los 700 mil pesos, pero además promoverán una controversia constitucional para que les sea devuelto el fuero a los funcionarios, pues están propensos a estos graves problemas, ya que el ayuntamiento actualmente adeuda 63 millones de pesos por demandas y laudos laborales como
Añadió también promoverá un amparo para evitar que se dé un fallo por parte del tribunal contencioso administrativo en el que se ordene la destitución, amparo que ya están alistando los abogados.
Luego de que decenas de presidentes municipales han expresado su intención por promover una controversia constitucional luego de que diputados locales eliminaron el fuero a funcionarios entre los que se encuentran alcaldes y síndicos municipales, el gobierno del estado no intervendrá ni se unirá a los inconformes.
Así lo detalló el secretario de gobierno Jorge Messeguer guillen quien dijo que esta situación tiene que ver directamente con los alcaldes, por lo que el gobierno del estado se mantiene y mantendrá respetuoso tanto de una parte como de otra.
Añadió que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que decida si devuelve o no el fuero a los funcionarios, por lo que el gobierno permanecerá neutral si es que los alcaldes promueven alguna controversia constitucional.
