Zona Centro Noticias El poder de la información
En forma histórica, los estudios migratorios se han centrado en la población adulta, con el objetivo de comprender, entre otros aspectos, sus causas y cómo se inserta al mercado laboral de los países destino, pero han dejado de lado a infantes en esa situación, señaló Mauricio Padrón Innamorato, del Instituto de investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
“No es que sea un fenómeno nuevo, sino que la ocupación de este problema social ha sido reciente y, por fortuna, cada vez hay más análisis al respecto”, sostuvo.
Si bien dirigir las investigaciones en la migración de los menores podría parecer poco atractivo como fenómeno de estudio –por la cantidad de niños que experimentan este proceso en comparación con los adultos-, algunas estimaciones muestran que en los últimos cinco años se ha incrementado el número de pequeños no acompañados que cruzan la frontera.
Al participar en el Seminario y presentación del Informe niñez detenida: los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes migrantes en la frontera México-Guatemala, indicó que la academia ha dirigido su mirada a ese sector para indagar qué lo obliga a tomar la decisión de desplazarse.
En el auditorio Guillermo F. Margadant del IIJ, resaltó la necesidad de entender por qué migran sin compañía, pues se exponen a realidades complicadas, como la violencia, que los hace vulnerables ante entornos que en sus contextos de origen pudieran no padecer.
El informe, añadió, intenta complementar el trabajo que realiza la sociedad civil en colaboración con organismos no gubernamentales y, en forma más reciente, la academia, que contribuye con investigaciones que aportan herramientas teóricas y empíricas para comprender este fenómeno.
Asimismo, prosiguió, “aporta alternativas y estrategias para la protección y garantías de los derechos de la niñez migrante, en especial de la frontera sur de México.
“Lo que le da valor agregado a esta investigación, realizada por los centros de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, Argentina, y Fray Matías de Córdova, en Tapachula, Chiapas, es visibilizar una realidad que no es atendida o estudiada con la seriedad y sistematización que se requiere”.
En su oportunidad, Pablo Ceriani Cernadas, coordinador del Programa de Migración y Asilo del Centro de Derechos Humanos de Lanús, comentó que el trabajo se centró en el impacto de las políticas migratorias en las condiciones de vida y en los derechos fundamentales, en especial quienes se encuentran en situación de alta vulnerabilidad.
Se pretende que esta colaboración sea un complemento al trabajo realizado por diferentes instituciones, “buscamos contribuir con algunas herramientas de análisis para el estudio del fenómeno”.
El objetivo fue analizar a profundidad el impacto de los derechos y garantías de los niños y adolescentes en esa situación en el contexto de la frontera sur, a partir de las políticas públicas que México ha diseñado para regular un fenómeno multidimensional.
“No se trata de un tema de seguridad nacional, sin embargo, al iniciar el estudio observamos dos respuestas políticas: la detención o privación de la libertad en una estación y la posterior repatriación al país de origen”.
Por ello “analizamos, como objeto principal de la investigación, ambas medidas que implementa México en 99 por ciento de los casos, y determinar su impacto en los derechos y condiciones de vida en esta población en el corto, mediano y largo plazo”.
En el resumen ejecutivo del Informe se señala que en la frontera sur se registra una presencia sostenida de dos tipos de flujos de menores: los que salen de su territorio para trabajar en Chiapas y los que transitan por ese límite para llegar a Estados Unidos.
Según el documento, algunas causas de esos movimientos infantiles son: maltrato, violencia intrafamiliar, abandono o, en el caso de los adolescentes, agresión y persecución sufrida a manos de maras o pandillas.
De igual manera, se señala que el incremento de las redes de trata de personas –que aprovechan la vulnerabilidad generada por la situación– afecta a los menores que son engañados y víctimas de la explotación laboral y sexual.
