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Esta mañana la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia confirmó que el pasado viernes fue interpuesta una controversia constitucional contra el Congreso del Estado de Morelos al considerar que los diputados se excedieron en sus facultades al modificar la Ley del Servicio Civil, previo a ellos decenas de trabajadores del Poder Judicial tramitaron amparos.
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia Nadia Luz Lara Chávez confirmó que el pasado viernes se interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la controversia contra los diputados al considerar que se afecta la Carrera judicial establecida en la Constitución de la República porque la intención era frenar las jubilaciones o pensiones doradas (funcionarios de confianza o de alto nivel se retiren con altos salarios) porque se consideró trabajadores de confianza a empleados del Poder Judicial como los Jueces de Primera Instancia y Menores; el Oficial Mayor y el Secretario General de Acuerdos de cada uno de los Tribunales que integran el Poder Judicial del Estado de Morelos; los Secretarios de Acuerdos; los Secretarios de Estudio y Cuenta; los Actuarios y Notificadores de los Juzgados de Primera Instancia y Menores; los Administradores de Oficina; el Magistrado Visitador General; los Jueces Auxiliares del Magistrado Visitador General; el Secretario General de Acuerdos del Consejo de la Judicatura Estatal, Secretarios Particulares, Asesores; Coordinadores y el Director General de Administración.
“Esta reformas rompen con la carrera judicial que constitucionalmente esta garantizada para quienes forman parte del Poder Judicial como una garantía jurisdiccional nosotros consideramos que en una defensa esas garantías jurisdiccionales era importante la controversia para que se dirimiera por las autoridades federales” dijo la magistrada.
Explicó que con las reformas a la Ley del Servicio Civil se crea desestabilidad laboral en los trabajadores y operadores de la justicia “ahora de confianza” quienes por cualquier motivo o “pretexto” podrían ser removidos del cargo por el consejo de la judicatura cuando la única causal para ser separados del cargo después de realizar un procedo administrativo de responsabilidad a través del cual resulten responsables de conducta grave es la única causa de separación de los operadores de justicia.
