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Dando cumplimiento al compromiso asumido por el Gobierno de la Nueva Visión de privilegiar la participación ciudadana en las distintas áreas de la administración pública, el secretario del Trabajo, José de Jesús Pérez Moreno, encabezó la ceremonia de toma de protesta del Jurado de Responsabilidades 2013-2018, ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) del Estado de Morelos.
Este acto instruido por el Gobernador Graco Ramírez tiene como propósito activar por primera ocasión, un organismo para la fiscalización de la actuación y el comportamiento de los distintos representantes ante la Junta Local y las juntas especiales en el estado, para garantizar la aplicación de la justicia laboral pronta y expedita.
“Este jurado de responsabilidades lamentablemente nunca se había constituido en el estado, es la primera vez que se crea este órgano, previsto en la Ley Federal del Trabajo para la fiscalización del comportamiento de los representantes de los patrones, de los trabajadores y del estado en la Junta Local”, dijo José de Jesús Pérez.
De acuerdo con el artículo 648 y 661 de la Ley Federal del Trabajo y con base en las facultades que estos confieren al Gobernador, se entregó el nombramiento a cada uno de los integrantes de este Jurado que se constituye en un órgano fiscalizador de la actuación en la Junta No. Uno bis, las especiales Dos y Tres, con residencia en Cuernavaca, Cuautla y Jojutla, respectivamente.
De acuerdo con la Ley Orgánica estatal, el presidente de la JLCyA, Víctor Manuel González Cianci, tomó protesta a este consejo integrado por Jorge Ramos Salazar, como representante del sector patronal; Roberto Castrejón Campos, de los trabajadores; y Marisa Andreu Céspedes, como representante de Gobierno estatal; así como los suplentes Oscar González Curiel, Fidel Miranda Gorostieta, Liliana Dimaggio Herrera.
Por su parte, Roberto Castrejón señaló que con el Gobierno de la Nueva Visión se abren posibilidades para abatir el desempleo, subempleo y el empleo informal, y ordenar este rubro en la entidad, destacando la voluntad mostrada por las autoridades estatales que se plasma en la firma del pacto de Legalidad, Certeza, Inversión y Empleo.
