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La omisión de los gobiernos de México y Estados Unidos fomenta y refuerza la estructura de explotación, abusos y extorsiones a los trabajadores agrícolas temporales, supuestamente amparados por la ley al recibir un visado H2A, establece el informe Jornaleros mexicanos en EU con visa: los modernos olvidados, presentado en la UNAM, en el marco de los trabajos del Tercer Seminario Permanente de Investigación sobre Migración México-Canadá-Estados Unidos.
Esta indiferencia convierte a las instituciones y autoridades en cómplices involuntarias del fortalecimiento del sistema que sostiene el tráfico de personas y la contratación de empleados con o sin documentos. Se requieren mecanismos de colaboración binacional para intercambiar información que permitan detectar y evitar estos abusos.
El modelo de las visas H2A no constituye un proceso autónomo de las migraciones de mexicanos. La falta de atención al esquema de contratación en el país ha generado un vacío que los falsos reclutadores han aprovechado para obtener ganancias, al ofrecer documentos de trabajo en Estados Unidos. Las comunidades con mayor tradición migratoria son los principales objetivos de estos delincuentes.
En la investigación, elaborada por el proyecto Jornaleros SAFE, se entrevistó a 382 personas de 135 comunidades de 41 municipios de Baja California, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz, Aguascalientes, Hidalgo y Estado de México. Del total, el 95 por ciento reportó alguna o varias violaciones a sus derechos.
Además, 53 por ciento señaló que nadie les proporcionó información sobre sus prerrogativas como trabajadores con visa H2A; tres de cada 10 mencionó que la recibieron por parte del gobierno estadounidense y menos de uno por ciento aludió a la proporcionada por el gobierno de México.
El 62 por ciento de los entrevistados con visa H2A pagó su transporte, total o parcialmente, gasto que, según el programa, debe ser cubierto por el empleador, de acuerdo con la investigación realizada en conjunto por cinco organizaciones de México y EU: Catholic Relief Services, Centro Independiente de Trabajadores Agrícolas, Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, Global Workers Justice Alliance y United Farm Workers.
Además del traslado que, de acuerdo a la información recabada, es de casi 100 dólares, el trabajador debe pagar 270 más por su pasaporte y visa, suma que representa un gran desembolso para los campesinos que provienen de estados y comunidades con alto índice de marginación. Ante la necesidad de los recursos, solicitan préstamos personales, que van de 300 a mil dólares.
También se registró la existencia de las llamadas “listas de espera”, en las que se inscriben los aspirantes a trabajar en los campos de la Unión Americana, a cambio de cobros indebidos de hasta dos mil pesos.
En el documento, se establece que para erradicar estos abusos debe aplicarse el artículo 28 de la Ley Federal del Trabajo, con la consolidación de la labor binacional de intercambio con Estados Unidos.
Para reforzarlo, México debe establecer acuerdos con los países donde existen programas migratorios para cumplir la legislación local. Se requiere el envío de información suficiente para monitorear y dar seguimiento a los procesos de contratación, recomienda.
Las acciones inmediatas deberán enfocarse a establecer los controles necesarios a que obliga la ley, en ambos países, con empresarios y representaciones oficiales, y en territorio nacional, mediante la creación de oficinas correspondientes en las secretarías obligadas: de Relaciones Exteriores; del Trabajo y Previsión Social, y de Gobernación, sugirió.
Erradicar el abuso
En la presentación del informe, Martha Judith Sánchez, del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM, expuso que los trabajos del seminario permanente se centrarán en el análisis del impacto de los programas de trabajadores temporales en el mercado de labor agrícola global.
Busca crear un espacio de discusión y diálogo entre especialistas, académicos de diversas instituciones, estudiantes, integrantes de organizaciones no gubernamentales y gubernamentales, asociaciones y sindicatos, entre otros.
Además, pretende estimular el desarrollo de la investigación sobre el tema del seminario y de tesis de grado, y profundizar lazos de colaboración con las universidades de Valencia, Montreal y Murcia, señaló la coordinadora del seminario, en conjunto con Sara María Lara Flores, también de Sociales.
Las visas H2A de la Unión Americana constituyen un programa de migración temporal para trabajadores agrícolas controlado, financiado y manejado por las empresas agrarias estadounidenses y los enganchadores, expuso Joe Guadalupe Martínez, de la United Farm Workers.
Permiten a los empleadores estadounidenses contratar trabajadores extranjeros por temporadas, para realizar labores exclusivamente en el sector agrícola, si la fuerza de trabajo local no esté disponible. En 2010, fueron expedidas 103 mil 324, de las cuales 85 mil 692 se otorgaron a mexicanos, refirió en la Sala de Usos Múltiples del IIS.
Griselda Vega Muñoz, directora del Programa en México para Trabajadores Globales, Global Workers Justice Alliance, subrayó que se detectaron cinco tipos de fraude y cobros indebidos: por entrar a una lista de espera, para ser elegido trabajador H2A, por cobros indebidos, por “visa libre” y por promesa de trabajo, lo que se suma a las condiciones deplorables en que viven y trabajan en los campos agrícolas de la Unión Americana.
En su oportunidad, Mayela Blanco Ramírez, coordinadora del Programa Jornaleros Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, aludió a la necesidad de mejorar la transparencia en el proceso de reclutamiento y la intervención de los gobiernos para atender esta problemática. “Se requieren mecanismos de colaboración binacional para intercambiar información suficiente que permita detectar y evitar este tipo de abusos”.
Desde mayo de 2010, esta iniciativa ha proporcionado capacitación a más de 10 mil trabajadores agrícolas temporales de forma directa y ha llegado a más de 100 mil personas en diversas comunidades emisoras de migrantes a través de las radios comunitarias, para dar a conocer sus derechos como jornaleros. Además, otorga asesoría jurídica laboral a los campesinos huéspedes y apoya a personas defraudadas al querer ir a trabajar a la Unión Americana.
