Zona Centro Noticias El poder de la información
El síndico procurador del ayuntamiento de Cuernavaca Fernando Martínez Cué y Enrique Paredes Sotelo Secretario de asuntos jurídicos, presentaron una denuncia penal en la Procuraduría General de Justicia en contra de los ex alcaldes Manuel Martínez Garrigós y Rogelio Sánchez Gatica por ejercicio indebido del servicio público, fraude, fraude específico, fraude procesal y lo que resulte.
Derivado de que firmaron un contrato de arrendamiento con la empresa Mifel para la colocación de luminarias tipo Led por un monto de 147 millones de pesos.
Durante la administración de Manuel Martínez Garrigós se firmó el contrato con Mifel para adquirir cerca de 15 mil luminarias y sustituir las lámparas incandescentes que había en el municipio, con el pretexto de ahorrar en el pago de energía pero las lámparas tendrían que haber sido certificadas por la Comisión Federal de Electricidad para garantizar que habría un ahorro en el consumo de energía y esto nunca ocurrió, de igual forma debió haber pasado por un proceso de licitación para elegir a la empresa proveedora pero no ocurrió por lo que se sospecha hubo un favoritismo para Mifel.
Según explicó el abogado Enrique Paredes por el gasto de 147 millones que realizó Manuel Martínez Garrigós se pudieron haber comprado las luminarias y no sólo rentarlas como lo hizo en año 2011.
Después Manuel Martínez Garrigós dejó el cargo para buscar la diputación y se quedó como presidente municipal de Cuernavaca Rogelio Sánchez Gatica quien enfrentó la deuda con Mifel y lejos de reducirla la aumentó de 170 millones de pesos a través de un nuevo crédito el cual no fue autorizado por cabildo.
Rogelio Sánchez Gatica al tener la deuda con Mifel y no poder pagarla firmó un pagaré que no cubrió y por eso Mifel demandó al ayuntamiento meses después.
Derivado de todas estas irregularidades el ayuntamiento decidió proceder contra los ex alcaldes Manuel Martínez Garrigós y Rogelio Sánchez Gatica pero también contra la empresa Mifel ante la Procuraduría General de la República por considerar que fue coparticipe en delitos contra el patrimonio y no cumplir con el mandato de cabildo para certificar sus lámparas para un verdadero ahorro de energía.
