Ante el inminente despido de más de 150 custodios del Sistema Penitenciario del Estado, derivado de la reestructuración del mismo, la LII Legislatura del Congreso local exhortó al secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo, Jorge Messeguer Guillén, para que en el marco de sus competencias reasigne laboralmente.
El exhorto deriva de un punto de acuerdo propuesto por el diputado Héctor Salazar Porcayo, quien durante la más reciente sesión ordinaria del Congreso explicó que la reubicación se esperaría en áreas propias de la aptitud y capacidades, para los custodios que se ha advertido quedarán en cesantía, a fin de reconocer su experiencia laboral y evitar la ruptura del tejido social.
El diputado, presidente de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, destacó que el exhorto se deriva de la atención a trabajadores del Sistema Penitenciario del estado, quienes señalaron que se trata de un despido masivo bajo el argumento de que no acreditaron los exámenes de control de confianza, los cuales se les realizaron en condiciones muy lamentables, después de su turno de 24 horas, lo cual influyo para el resultado obtenido.
Hay custodios con antigüedad laboral de hasta 20 años, con exámenes previos de control y confianza aprobados durante su trayectoria laboral -según testimonios de los custodios- y hoy en día son lanzados a la calle o los ponen a desarrollar tareas de intendencia, lo cual no sólo es una humillación personal y familiar, sino una invitación expresa a unirse a la delincuencia organizada, relató el legislador.
Como titular de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, señaló que el gobierno de la nueva visión tiene la responsabilidad de generar condiciones para evitar la ruptura del tejido social en toda la entidad, y con esta medida se camina exactamente en sentido contrario a este postulado básico del ejecutivo, por lo que fue emitido el citado exhorto al secretario de Gobierno por parte de la LII Legislatura, en espera de una respuesta, en atención al grupo de custodios que solicitaron la intervención del Congreso del Estado.