Ayer Zona Centro Noticias informó en su emisión radiofónica informó antes que nadie sobre un operativo en diversos Hoteles y Moteles de Cuernavaca y Jiutepec donde los encargados señalaron que los elementos policiacos ingresaron con el pretexto de que buscaban unos secuestradores por lo que habría un delito en flagrancia de lo contrario necesitarían una orden de una autoridad judicial.
Derivado de este operativo por la noche la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que fueron detenidas 12 personas entre ellas 7 personas guatemaltecas 5 hombres y dos mujeres de quien se dijo fueron puestos a disposición del Ministerio Público pero nunca se especificó el delito, por lo cual hoy la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) reaccionó y dijo que si no hay delito lo que debió hacer la autoridad era enviarlos al Instituto Nacional de Migración para verificar su estatus legal en México.
por lo que, de acuerdo a los procedimiento legales, no deberían ser consignados ante el Ministerio Público Federal, sino remitidos al Instituto Nacional de Migración para que determinara su situación legal, ya que de otra manera se violan los derechos humanos, ya que ninguna persona es ilegal en cualquier lugar del mundo. Esta acción de la SSP incurre en violación de derechos humanos establecidos claramente en la constitución, ya que nadie puede ser molestado en sus personas y domicilios si no hay orden judicial o flagrancia en algún delito, cosa que no ha sido probado ni se menciona indicio alguno. Para la Comisión independiente de Derechos Humanos de morelos, la necesidad de que se garantice la seguridad ciudadana no debe significar que se criminalice a personas migrantes y se les presente como delincuentes en operativos que devienen en redadas violatorias de los más elementales derechos humanos. Las prácticas abusivas contra migrantes han significado una condena internacional al Estado Mexicano, por lo que de ninguna manera se debe utilizar la fuerza policiaca represiva cuando se debe abordar desde un análisis integral sobre causas económicas, sociales y políticas, no sólo criminógenos. Al respecto, Amnistía Internacional ha señalado al respeto:
«El completo fracaso de las autoridades para recopilar y publicar datos (como los informes de abusos contra los migrantes, las investigaciones llevadas a cabo, los autores de crímenes perseguidos, los funcionarios sancionados y el número de migrantes desaparecidos), es un claro indicio de la falta de prioridad y de atención a los abusos que sufren los migrantes en tránsito por México. Las únicas medidas federales preventivas y de investigación parecen limitarse a la labor de la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, indocumentados y Órganos, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR. Esta unidad tiene un mandato muy amplio y los abusos cometidos contra los migrantes no son su prioridad.» Así pues, si el número de migrantes irregulares en su paso por México aumentó en 2012 y los secuestros rutinarios, la violencia sexual, el reclutamiento forzado en grupos del crimen organizado, el tráfico de personas y el asesinato de migrantes continúa sin control. La impunidad de estos graves abusos permanece en la norma, por ello es inaceptable que se criminalice a las y los migrantes en esta clase de operativos.