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El H. Ayuntamiento de Cuernavaca, presentó el día de hoy una denuncia penal en contra del ex alcalde capitalino Rogelio Sánchez Gatica, en su calidad de ex presidente municipal de Cuernavaca, así como de Jorge Arturo Olivares Brito y Alma Graciela Domínguez Torres, en su calidad de oficial mayor y tesorera municipal respectivamente.
Además, en contra de Rafael Eduardo Rubio Quintero, César Enrique Basurto y María del Socorro Gutiérrez Salgado; el primero como ex secretario de Obras Públicas del ayuntamiento y los demás como ex servidores públicos. Así también, en contra de Sylvana Ruby Balán Cáceres y Heber Johanan Balán Cáceres, estos últimos socios de la empresa BC Consultores Ambientales y de Riesgos S.C.
Lo anterior, por considerar que cometieron en agravio de la sociedad y del patrimonio municipal los delitos de ejercicio indebido del servicio público, fraude, fraude específico, fraude procesal y lo que resulte.
En rueda de prensa, el síndico municipal, Fernando Martínez Cué, aseveró que la demanda impuesta al ex presidente capitalino, Rogelio Sánchez Gatica, se debe a que sin autorización del ayuntamiento en pleno, violando los acuerdos de Cabildo y la ley, realizó conjuntamente con el ex oficial mayor Jorge Arturo Olivares Brito, un contrato de prestación de servicios con la persona moral BC Consultores Ambientales y de Riesgos S.C., por un monto de 15 millones de pesos.
Indicó que este contrato tendría como finalidad la realización del censo de luminarias, el reconocimiento de ahorro de energía, elaboración de estudios de fotometría, así como un sin número de conceptos, todos ellos encaminados a justificar y tratar de validar el correcto buen uso, distribución y funcionamiento de las luminarias instaladas por Mifel.
Asimismo, resaltó que la ex tesorera, Alma Graciela Domínguez Torres, autorizó un pago por la cantidad de 11 millones de pesos, sin haberse realizado los trabajos contratados y Rafael Eduardo Rubio Quintero, quien fungía como secretario de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos municipales, declaró ante la autoridad judicial, que la empresa sí había realizado los trabajos para los cuales fue contratada pesar de que no existe ningún documento que lo demuestre.
