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El gobierno del estado de Morelos reactivará investigaciones en contra de ex funcionarios de la Procuraduría General de Justicia incluido el ex comandante Agustín Montiel López y de trabajadores Tribunal Superior de Justicia luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acudió hoy a reunirse con el Secretarío de Gobierno.
Se informó que uno de los casos que se abren es el del homicidio del joven Braulio Paredes Nuñez sobrino de un ex embajador en Chile, este caso se remite al 1° de noviembre del año 2002, cuando un grupo de amigos provenientes del Estado de México todos hijos de connotados empresarios que festejaban el Día de Muertos se reunieron en una residencia del fraccionamiento Brugos del municipio de Temixco pero hubo una pelea entre ellos y Braulio Paredes murió asesinado de un disparo en el pecho.
Ocho meses después del incidente, las autoridades ordenaron el arraigo de todos los jóvenes presentes en los hechos y formularon cargos en contra de Juan José Pedro Sarquís por su presunta autoría material del homicidio. Pero en diciembre de 2004, el expediente original del caso, bajo resguardo de la ex secretaria de acuerdos, Yadira Concha Rodríguez, se extravió y así, en mayo de 2004, la ex jueza segunda penal de Atlacholoaya, Guillermina Jiménez Serafín, absolvió a Pedro Sarquís en lo que se sabe fue un tráfico de influencia y pago de dinero para liberar al joven.
Por eso los padres de Braulio Paredes acudieron ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, con sede en Washington, Estados Unidos y derivado de la presión internacional recientemente la ex secretaria de acuerdos, Yadira Concha Rodríguez, fue detenida por algunas horas en la Procuraduría de Justicia. Pero el caso volvió a cerrarse hasta hoy que fue reabierto por el gobierno de Morelos.
Otro de los casos que se reabre este día según confirmó el secretario de gobierno Jorge Messeguer es el de Tortura durante la gestión de Agustín Montiel y del ex procurador Guillermo Tenorio en agravio de Siegfried de los Reyes Vomend quien era abogado de una fundación alemanda y fue torturado presuntamente por ordenes del ex procurador de justicia por un conflicto de intereses por un presunto fraude.
El secretario de gobierno dijo que los casos se reabren porque se tienen que atender porque de no hacerlo habría una sentencia en contra del Estado Mexicano en su conjunto por parte de la Comisión Interamericana, así que se busca la reparación del daño a las familias de estas dos personas.
