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Hoy la presidenta del Tribunal Superior de Justicia Nadia Luz Lata Chávez no tuvo otro remedio que aceptar que hay actos de corrupción al interior del Poder Judicial luego de que se diera a conocer a los medios de comunicación una conversación telefónica presuntamente donde la ex secretaria de acuerdos Emma Suárez coacciona a una persona para entregar 100 mil pesos para obtener la patria potestad de una menor.
Hoy Nadia Luz Lara explicó que esta ex funcionaria está suspendida desde el mes de agosto luego de que el consejo de la judicatura determinó removerla en tanto se resuelve la investigación.
“Todo lleva un proceso, este proceso se da dentro de un proceso de investigación por lo tanto ella como comentaba anteriormente pues igual a toda persona a la que se le imputa un ilícito tiene derecho a defenderse y hacer oída y vencida y como lo hemos dicho no vamos a solapar los actos de corrupción” dijo.
Añadió que la queja en contra de esta funcionaria no está ratificada pero una vez que esto suceda la investigación continuará para saber si hay más funcionarios involucrados. “Tenemos que limpiar la imagen del poder judicial y recuperar la confianza de la ciudadanía” dijo la magistrada.
Pero según documentos enviados al noticiero Zona Centro Noticias el pasado 7 de marzo de 2013 un documento firmado por la presidenta del Consejo de la Judicatura Nadia Luz Lara Chávez se designa al “psicólogo” José Luis Hernández Amaro como director del departamento de Orientación Familiar de manera temporal hasta el 11 de junio de 2013.
Pero este supuesto psicólogo presentó hasta el 20 de marzo , es decir 13 días después un documento de la ”Universidad Coyotl” dónde solo se le reconoce como pasante de la carrera por lo que se cometió una ilegalidad en la denuncia que llega a Zona Centro también refieren que esta persona que finalmente fue removida era un recomendado de una consejera y que llegó ahí por ser pastor de una iglesia.
Hay que recodar que por esos hechos 9 magistrados del Tribunal Superior de Justicia iniciaron recientemente una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia.
