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La política social, teniendo como propósito disminuir y abatir la pobreza en sus distintas modalidades, tendrá que dejar de ser de carácter asistencial para tener un enfoque de tipo productivo, señaló Adriana Díaz Contreras, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO) del Gobierno de la Nueva Visión.
Díaz Contreras participó en la Mesa de Trabajo Regional para la construcción del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2014, convocado por la Comisión Nacional de Desarrollo Social, en el seno de la 1a Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Desarrollo Social del estado de Hidalgo, y la cual estuvo presidida por el subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación, de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, Juan Carlos Lastiri Quiroz.
La titular de SEDESO destacó que esta propuesta parte del diagnóstico sobre la pobreza y de la pobreza extrema que ha identificado el CONEVAL en los diversos documentos que sobre este tópico ha publicado recientemente.
“No se trata de dejar de lado la necesaria asistencia social a los segmentos de la población en condiciones de vulnerabilidad, se trata de que, aunado a estas acciones vayan aparejadas otras, orientadas a la incorporación de esta población a los procesos productivos, es decir, al círculo virtuoso producción-empleo-ingreso-consumo”, comentó en entrevista la funcionaria estatal.
Expresó que el PEF, debería establecer estrecha correlación entre los programas de desarrollo social y los de fomento económico. La interrelación deberá ser de tal naturaleza que los programas se articulen en función de un enfoque integral, poniendo énfasis en la población objetivo que forme parte de cada uno de los eslabones de las cadenas productivas, ya sean las asociadas a la alimentación o a cualquiera otra área de producción de bienes y servicios socialmente necesarios.
Añadió que para que efectivamente los programas del PEF tengan incidencia en el mejoramiento permanente de las condiciones de vida de la población en condición de pobreza, “Es necesario que estén articulados a una visión de largo plazo, donde esté previsto que de manera sucesiva se vayan abatiendo los niveles de desigualdad entre los diversos segmentos de la población y las regiones”.
Adriana Díaz concluyó diciendo que por esta razón la Cruzada contra el Hambre, debe inscribirse dentro de una estrategia incluyente que abarque todo el espectro de la pobreza en el país, lo que obliga al diseño y ejecución de una política de desarrollo social planificada que abarque cuando menos el horizonte temporal requerido para abatir ese rezago social.
Esto demanda una estrategia y política de Estado, lo que conlleva a la reglamentación del Derecho Constitucional a la Alimentación y la Nutrición, consagrado en el artículo cuarto de nuestra Carta Magna.
