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Tras la manifestación de protesta que hicieran la semana pasada Peritos del Servicio Médico Forense de la Procuraduría General de Justicia, inconformes con las condiciones de trabajo que les estaban imponiendo, fue renunciada del cargo su jefa, la Coordinadora de Servicios Periciales, Mónica Marín Méndez, pero su lugar fue de inmediato ocupado por Ana Lilia Guerrero, impuesta por recomendación de la Coordinadora General de Administración y Sistema, Rosalba Hernández Duque.
Así lo dieron a conocer los propios peritos de manera extraoficial y anónima, destacando que una vez más queda de manifiesto que quien manda en la PGJ, pueden ser otros funcionarios y jefes de área, como Rosalba Hernández Duque, pero no el titular, Rodrigo Dorantes.
Recordaron que ya con anterioridad, en más de una ocasión en diversos medios de comunicación se dio a conocer la forma en como Rosalba Hernández, diciéndose “apadrinada”, por funcionarios gubernamentales, impone su ley en la PGJ, despidiendo empleados y funcionarios de otras áreas aunque no estén bajo su responsabilidad y determinando quien o quienes deben cobrar bonos, en base a componendas y amiguismos, más por su trabajo y resultados.
En este sentido los inconformes con que la Coordinadora General Administrativa, invada funciones, para cesar a gente y colocar a sus recomendados, señalaron que tal y como ya se ha dado a conocer, Rosalba Hernández tiene antecedentes de deshonestidad como cuando fungió como Directora de Finanzas del Consejo Nacional de Fomento Educativo-CONAFE-, a finales de 2005, donde como resultado de una auditoría practica por la Dirección de Auditoría de CONAFE, a petición del entonces delegado, José Luis Rodríguez, quedó al descubierto que Rosalba Hernández, tras más de una década de ocupar el cargo incurrió en prácticas de corrupción al coludirse con varios proveedores de la dependencia, para sacar provecho personal, habiendo logrado incluso que varios delegados, le entraran al negocio, además de que Rosalba Hernández, era ampliamente conocida por prepotente y con habilidades para manipular y hacer a un lado a sus jefes, ejerciendo “el poder tras el trono”.
Los peritos recordaron que en la misma PGJ, se tiene el antecedente que en el año de 2011, Rosalba Hernández fue removida del cargo de perito contable, por realizar negocios con proveedores, elevando considerablemente el costo de los productos, pero hoy a pesar de este negro historial es la todo poderosa Coordinadora General de Administración y Sistemas de la PGJ y fiel a su forma de ser, pasa por encima de la autoridad del procurador, para “imponer su ley” y satisfacer intereses muy personales, de sus familiares y recomendados, como en este caso la recién nombrada Coordinadora de Servicios Periciales, Ana Lilia Guerrero, todo ello diciéndose respaldada por autoridades estatales.
