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Hoy, los precios de los alimentos son 60 por ciento mayores a los registrados en 2006. A largo plazo, la volatilidad persistirá a nivel mundial, vinculada con incrementos en costos de producción, transporte y dificultades financieras, económicas y en el abasto de energéticos, advirtió Luis Gómez Oliver, de la Facultad de Economía (FE) de la UNAM.
En consecuencia, aumentará la cifra de población con hambre en el mundo —que actualmente supera los 800 millones de personas—, los niveles de pobreza e inflación, los problemas de balanza de pagos de los países importadores y los costos fiscales en todas las regiones del planeta, expuso en el XXXIII Seminario de Economía Agrícola del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de esta casa de estudios.
Al inaugurar el foro con el tema Políticas públicas, agropecuarias, ambientales y sociales: orientación y sinergia, Verónica Villarespe, titular de esa entidad, aludió a la necesidad de evaluar las estrategias y programas aplicados en el sector agrícola desde distintas disciplinas, en sus vertientes de productividad, asistencialismo, ambiente y transversalidad.
Con el seminario realizamos un merecido homenaje a Ernest Feder y Nicolás Reig, quienes abrieron brecha en la investigación del ámbito rural, al vincular la ciencia con la política pública, subrayó.
Factores estructurales de la crisis
Gómez Oliver explicó que la crisis alimentaria global tiene su origen, entre otras causas, en la falta de inversión en el sector agrícola y la marginación rural, las pérdidas de cosechas por fenómenos climáticos, restricciones a las exportaciones e incremento en el consumo de alimentos de origen animal en los países con economías emergentes, como Brasil, India y China.
Está vinculada a las dificultades energéticas y económicas, lo que implica una doble presión para la población de escasos recursos por la pérdida de empleos y la disminución de los ingresos, que generan condiciones de inseguridad alimentaria.
Además, los gobiernos tienen una capacidad reducida para responder a las nuevas urgencias sociales con apoyos directos a los sectores vulnerables o un abastecimiento general más completo, lo que se complica con la especulación en los mercados, puntualizó el colaborador de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés).
Tiene efectos en los niveles de pobreza, porque al dedicar más recursos a la alimentación, se destinan montos menores a otros rubros. Entre 2006 y 2008, al menos 105 millones de personas cayeron debajo de la línea de carencia, lo que significó siete años de progreso perdidos en la lucha para erradicarla.
Respecto a la inflación, explicó que el impacto de la crisis alimentaria en este indicador es más visible en los países en desarrollo, que dedican, en promedio, entre 30 y 40 por ciento de su ingreso a la compra de alimentos.
Entre 2006 y 2011, los territorios con déficit en la producción de comestibles pagaron 35 por ciento más de lo que devengaban antes de registrarse las alzas mundiales más altas, lo que implicó presión en cuentas fiscales y equilibrio externo.
Objetivos del Milenio
El economista refirió que la consecuencia más grave de la crisis es el aumento de la población con hambre. En África, el 23 por ciento de los habitantes la padece, en comparación con Europa, región donde sólo una persona de cada 100 carece de alimentos suficientes.
Eso implica problemas para reducir a la mitad la proporción de personas que padecen hambre, meta principal de los Objetivos del Milenio. El problema se vinculará al incremento de los niveles de obesidad y sobrepeso, que causan enfermedades y aumentan la morbilidad.
Entre 1980 y 2008, la proporción de la población mundial que las presenta aumentó de 23 a 34 por ciento, lo que implica un incremento de las muertes por padecimientos cardiovasculares y diabetes, entre otras.
Los países en desarrollo presentan una doble carga: al mismo tiempo que registran desnutrición, sus habitantes padecen sobrepeso y obesidad, condiciones que impactan en los sistemas de salud nacionales y derivan en costos fiscales.
