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La Asamblea Nacional de Venezuela concedió facultades al presidente Nicolás Maduro para gobernar por decreto durante un año, algo que el mandatario asegura necesita para regular la economía y combatir la corrupción pero sus adversarios critican como una concentración excesiva de poder.
Después de un acalorado debate, el Parlamento -de mayoría oficialista- dio luz verde a la «Ley Habilitante» que le permitirá al heredero del fallecido Hugo Chávez legislar sin tener que someter sus propuestas al Congreso.
Las dos primeras leyes que aprobará son una para fijar los márgenes máximos de ganancia a las cadenas productivas y otra que creará un nuevo marco para regular las importaciones y promocionar las exportaciones, adelantó el mandatario.
«Quiero agradecer a la mayoría de diputados patriotas y socialistas por haber aprobado esta Ley Habilitante que nos va a permitir avanzar, en los próximos 12 meses, en la derrota de la guerra económica que han hecho contra nuestro pueblo», dijo Maduro luego de firmar la ley.
Ustedes han visto apenas las primeras acciones contra la burguesía parasitaria que roba a todo el pueblo (…) con la Habilitante los precios van a quedarse donde tienen que estar», agregó ante la algarabía de sus seguidores.
Maduro, quien ganó las elecciones presidenciales de abril por estrecho margen, lanzó días atrás una ofensiva contra diversos comercios para que rebajen sus precios a lo que el Gobierno considera un nivel «justo».
La medida estuvo empañada por algunos saqueos y la detención de un centenar de empresarios, pero el presidente aseguró que esa es la fórmula para domar una inflación que ya roza el 55 por ciento anual.
Cientos de seguidores del chavismo marcharon desde la Asamblea al Palacio presidencial de Miraflores para celebrar la aprobación de los poderes especiales, en un acto simbólico donde entregaron la norma al mandatario.
En la concentración Maduro prometió seguir adelante con su «guerra contra la corrupción» que, hasta el momento, sólo devino en la captura de funcionarios de segundo nivel.
El aval a la ley habilitante coincide con el inicio de la campaña para las elecciones municipales del 8 de diciembre, consideradas por analistas como un termómetro para medir la gestión de Maduro y la popularidad del oficialismo a ocho meses de la muerte de su máximo líder, Hugo Chávez.
