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La región latinoamericana está presentando reducción en la pobreza y la desigualdad, con un constante crecimiento económico y estabilidad financiera, pero en contraste se está volviendo la zona más peligrosa del planeta por sus altos índices de inseguridad.
La anterior es una de las principales conclusiones del Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014, Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La inseguridad, se explica en el estudio, es un factor que está frenando el desarrollo de la población, y los índices de violencia, principalmente los relacionados con el homicidio, están adquiriendo “niveles de pandemia”.
“Los ciudadanos de la región señalan el delito y la violencia como factores que limitan sus oportunidades reales y su derecho a vivir una vida libre de temor y de amenazas.
“En 11 de los 18 países analizados en este informe, se registra una tasa de homicidios superior a diez por cada 100 mil habitantes, tasa considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un nivel de pandemia”, se detalla en el documento.
En el caso de México se observa que mientras en 2005 la tasa era menor a diez por cada 100 mil habitantes, para 2010 ésta escaló a casi 25 por cada 100 mil personas.
El análisis del Índice de Desarrollo Humano se concentra en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
En relación con diferentes estadísticas, algunos resultados relacionados con México establecen que, de un estudio realizado en la cárcel, es el país en donde más internos reconocieron que al momento de cometer un delito con arma, ésta se la había proporcionado un amigo o policía, con 57.6 por ciento.
En el mismo ejemplo le siguió El Salvador, con 56.1 por ciento de los casos; Perú con 47.4 y Brasil con 41.8 por ciento.
En 2012, la principal amenaza para la seguridad de los mexicanos provenía del crimen organizado o narco, seguida de los delincuentes comunes y por último de las pandillas, y una situación similar ocurre con Brasil.
Por el contrario, el factor delincuentes comunes es el problema principal en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Mientras que el factor pandillas fue más considerado por los habitantes de El Salvador y Honduras.
Los costos
De acuerdo con el estudio, entre 20.6 y 59 .1 por ciento de la población de distintos países de la región ha limitado sus lugares de recreación por temor a ser víctimas de un delito.
En relación con el cambio o limitación de sitios para realizar compras van de 16.8 al 51.5 por ciento, y en relación con dejar de salir de noche en sus países el porcentaje va de entre 45 y el 65 por ciento.
“La inseguridad pone bajo tensión el respaldo de la ciudadanía al Estado de derecho. Diversas encuestas de muestran que los latinoamericanos expresan una seria predilección por la aplicación de leyes más duras e incluso por políticas de mano dura.
“No obstante, esta demanda ciudadana por respuestas rápidas de mano dura en contra de los delincuentes puede traducirse en violaciones a los derechos humanos”, se indica en el informe.
La solución
El documento del PNUD establece que la solución al problema de la inseguridad en la región latinoamericana requiere de “políticas integrales, basadas en el conocimiento de las necesidades locales y llevadas a cabo con la participación de las comunidades afectadas.
Esas políticas, se detalló, deben contener programas transversales de perspectivas de género y reconocimiento de los jóvenes y mujeres como sujetos de derecho.
También se recomienda eliminar las políticas de mano dura, para dar paso a las intervenciones integrales en los escenarios en donde predominen los panoramas de alta violencia.
Finalmente, Naciones Unidas hace una serie de recomendaciones para una región segura, que van de la alineación de esfuerzos nacionales para reducir el delito, pasando por programas de prevención y establecer programas que disminuyan la impunidad.
