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El Senado de Estados Unidos rechazó una enmienda bipartidista que buscaba facilitar el traslado de presos de Guantánamo a territorio estadunidense para su juicio o a terceros países para su liberación, y también descartó otra propuesta que habría paralizado cualquier transferencia de reos durante un año.
Por 52 votos a favor y 46 en contra, los senadores descartaron una propuesta que establecía un proceso para que algunos reos de la base localizada en Cuba pudieran ser juzgados en Estados Unidos, una posibilidad que hasta ahora rechazó buena parte del Congreso.
La enmienda, redactada por el senador demócrata Carl Levin y el republicano McCain, daba luz verde a las transferencias sólo después de que la Administración entregara un plan detallado al Congreso sobre dónde se juzgarían los detenidos dentro del país, una idea que buscaba satisfacer a los legisladores más críticos.
El secretario de Defensa, Chuck Hagel, estima que cada preso de Guantánamo costará 2.7 millones de dólares a EU este año, mientras que un reo en una prisión federal de máxima seguridad cuesta 34 mil dólares, según expresó en una carta dirigida al congresista demócrata Adam Smith.
El senador republicano Saxby Chambliss y la senadora republicana Kelly Ayotte presentaron otra enmienda que también fue rechazada por un voto de 43-55, y que habría impedido que el Gobierno trasladara a cualquier preso de Guantánamo a EU u otro país durante al menos un año.
Ambas enmiendas se habrían sumado a una nueva ley presupuestaria de Defensa que debate esta semana el Senado, y que está centrada en propuestas para amortiguar los recortes automáticos al presupuesto y acelerar el cierre de Guantánamo.
El presidente de EU, Barack Obama, se comprometió en mayo pasado a trazar un plan para la transferencia de presos a países que ya han dado luz verde para recibirlos. Más de la mitad de los 164 reclusos del penal están en esa situación.
No obstante, la mayor dificultad reside en aquellos 48 detenidos que no pueden ser liberados, debido a que suponen un serio peligro para la seguridad nacional; ni juzgados, porque o no hay pruebas suficientes en su contra o las evidencias están gravemente devaluadas por la tortura.
