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La Procuraduría General de la República (PGR) cuenta con elementos para suponer que el incendio que ocurrió hace más de cuatro años en una bodega de la Secretaría de Finanzas de Hermosillo, Sonora, y que se extendió a la guardería ABC, fue provocado.
Funcionarios de primer nivel de la PGR dijeron que la averiguación previa que se inició hace siete meses, a petición de la organización Manos Unidas por Nuestros Niños, ha arrojado pruebas de que el siniestro no tuvo su origen en un sobrecalentamiento en el sistema de enfriamiento de la bodega.
Por esa razón, la institución contratará los servicios de una empresa con sede en Inglaterra para que practique un nuevo peritaje, compañía de la que aseguraron es una de las mejores a escala mundial en la investigación de causas que dan origen a conflagraciones.
Otro de los motivos que decidió solicitar los servicios de esa empresa es porque “no está contaminada con el tema”.
Dejaron claro que a pesar de que cuentan con indicios para creer que el incendio sí fue provocado en la bodega donde se guardaba papelería de la Tesorería estatal, no tienen pruebas para asegurar que el objetivo del incendio era dañar a los niños de la guardería.
Recordaron que Manos Unidas por Nuestros Niños (que integran padres de familia que perdieron a sus hijos durante el incendio del 5 de junio de 2009) aseguró que las llamas fueron provocadas.
La organización acusó a ex servidores públicos de Sonora como los responsables de provocar las flamas en la bodega contigua a la estancia infantil con el propósito de desaparecer documentación del Fideicomiso Sonora Proyecta, el cual tiene que ver con el manejo de una deuda de más 10 mil millones de pesos durante el gobierno de Eduardo Bours.
Los funcionaros de la PGR comentaron que la documentación de ese fideicomiso y de otras operaciones de la Tesorería estatal, está digitalizado; aun así, abundaron, se continuará investigando la posibilidad de intentar desaparecer documentación oficial.
Una de las personas que los denunciantes señalaron como responsable de haber provocado el fuego es Andrés López, quien trabajó como chofer y fue ejecutado dos meses después del siniestro, es decir, en agosto de 2009.
Al respecto, los funcionarios relataron que la PGR atrajo hace siete meses la investigación de ese homicidio.
En ese lapso ya pudieron identificar a los que participaron en el homicidio del chofer que trabajaba para el ex secretario técnico de Sonora, Juan Carlos Lam Pérez.
Los responsables se desplazan en Sonora y solo es cuestión de tiempo para capturarlos y, con ello, poder conocer el móvil del crimen.
Los funcionarios explicaron que durante la pesquisa se hicieron una pregunta que es básica: ¿cuántos incendios similares se han registrado en el país? Dijeron que hay casos iguales, en otras regiones del país, donde papelería oficial fue consumida por las llamas.
Ante el número de pruebas que cada vez más van recabando, el caso puede dar un vuelco en la primavera de 2014.
RECUENTO
El 5 de junio del presente año, la PGR inició una nueva averiguación previa por el incendio en la guardería ABC de Hermosillo, debido a que la organización Manos Unidas por Nuestros Niños presentó una denuncia en la que aseguró que el incidente fue provocado.
El MP ordenó localizar a personas mencionadas en la denuncia y se pidió documentación a la Secretaría de Finanzas sonorense, para conocer cómo se constituyó el Fideicomiso Sonora Proyecta y cómo se manejó ese dinero.
También se comenzó a indagar el caso del extinto chofer Andrés López, persona cercana al ex secretario técnico Juan Carlos Lam Pérez, este último que trabajaba para el ex gobernador de Sonora Eduardo Bours.
Los denunciantes también acusaron a Lam Pérez de participar en la provocación del incendio.
La denuncia y las presuntas pruebas las presentó Gabriel Alvarado Serrano, representante de la citada organ ización civil; como prueba, una fotografía de una camioneta, en la que supuestamente arribaron los presuntos responsables que iniciaron el incendio; también aportó declaraciones de testigos.
El incidente que comenzó en la bodega de la Secretaría de Finanzas y que se propagó a la guardería dejó un saldo de 49 niños muertos y más de 100 lesionados, muchos de ellos que hoy en día continúan recibiendo tratamiento.
También se comenzó a revisar la pesquisa que inició la PGR, cuando la institución era dirigida por Eduardo Medina Mora, la cual derivó en la consignación de más de 20 personas como presuntos responsables por la muerte de los menores.
Los procesados, ex funcionarios del ámbito municipal, estatal y federal, fueron acusados por los delitos de uso indebido de atribuciones, lesiones culposas, homicidio culposo y abuso de autoridad.
