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Funcionarios de la Procuraduría General de Justicia y agentes de la Policía Ministerial habrían incurrido en graves violaciones constitucionales, a los derechos humanos y a la ley de amparo, al catear una propiedad en litigio y protegida por la justicia federal, para detener a su dueño, un anciano de 79 años de edad y dos de sus hijas que lo cuidaban, para favorecer a la parte contraria que reclama la propiedad del inmueble.
Abogados y familiares del anciano Fidel Campos Ortiz, como su hija y tutora legal Gudelia María Elena Campos Hernández, denunciaron que esta tarde alrededor de las 15:30 horas, que varios elementos de la Policía Ministerial en más de diez patrulla llegaron hasta su propiedad en litigio, una casa con siete locales comerciales y estacionamiento, ubicados en mil 400 metros, localizados en la calle Revolución de 1910, número 13 del centro del municipio de Tepoztlán, y se llevaron detenido al septuagenario y sus dos hijas que lo cuidaban de nombres Felicitas y Nelly Campos Hernández.
Los quejosos explicaron que dicha propiedad está en litigio, ya que una hijastra del anciano reclama la propiedad, asegurando que este se la heredo en vida, y los denunció de haber falsificado los documentos que acreditan la legal posesión y propiedad en favor del septuagenario y sus verdaderos hijos.
Por ello, afirmaron los denunciantes, hace poco más de un mes policías ministeriales al mando de PJ-2- Efraín Borda Castillo, actuando en coordinación con el Director de Investigación y Procesos Penales, Ricardo Flores Delgado, acudieron a tratar de desalojar al anciano de su propia casa, pero se desistieron.
Los familiares de los detenidos dijeron que se interpuso el amparo 1345/2013 en el Juzgado Segundo de Distrito, por lo que la autoridad les concedió la protección de la justicia federal y posteriormente otorgó la suspensión definitiva, la que fue violada esta tarde.
Los familiares del anciano destacaron que tal parece que hay “un interés muy personal” de algunos funcionarios de la PGJ por quedarse con parte de esta propiedad y de ahí su ilegal actuación, por lo que los responsabilizaron de lo que pueda pasarle al anciano, dado a su precario estado de salud.
