Zona Centro Noticias El poder de la información
La procuraduría de justicia del estado de Morelos (PGJ) fue sentenciada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) a pagar más de 5 años de salarios, vacaciones y una prima de antigüedad desde el año de 1991, por la muerte del escolta de la Policía Ministerial, Jaime Guzmán quien fue asesinado junto con el subprocurador de investigación contra la delincuencia organizada Andrés Dimistriadis Juárez hechos ocurridos el 23 de octubre del año 2008.
Los hijos de este escolta que son menores de edad quedaron desamparados económicamente por lo que se inició un juicio por sus familia quienes finalmente lograron que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo resolviera a su favor, aunque podrían ampararse porque el beneficio fue dividido en dos partes porque el escolta tenía un hija con una pareja y un niño con otra, además de que la procuraduría también podría recurrir al amparo para evitar el pago millonario de cinco años de sueldos y demás prestaciones al que tenía el elemento al momento que perdió la vida, aquella noche del mes de octubre cuando lamentablemente un grupo de sicarios que viajaba en dos camionetas, al parecer una Ecosport color rojo y una Explorer gris, interceptaron el Ford Focus placas PWC-2494 en que el subprocurador se dirigía a su domicilio en la colonia Delicias, cuando él y sus elementos circulaban por la avenida Diana, exactamente frente a la gasolinería de Plaza Galerías, para hacerlos entrar a la Prolongación Diana en medio de una lluvia de balas.
Los asesinos siguieron al subprocurador rafagueando su vehículo hasta que lo obligaron a detenerse frente a las instalaciones de Telmex. En ese lugar los sicarios prácticamente los cocieron a balazos y después se dieron a la fuga. Los delincuentes portaban armas 9 milímetros, R-15 y cuernos de chivo, sin que nadie pudiera detenerlos.
Después de cinco años de litigio finalmente se logró amparar a los pequeños de 9 y 10 años respectivamente.
Martín Jasso magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo explicó que el caso estuvo durante cuatro años en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje que resolvió ser incompetente para resolver hasta que hace ocho meses turno el tema a este tribunal que decidió proteger económicamente a los menores.
