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SCJN DECLARÓ LA VALIDEZ DEL ARTÍCULO QUE PERMITE CONCESIONAR EL SERVICIO DE PARQUÍMETRO EN CUAUTLA.

El Pleno de la Corte declaró la validez del artículo 11 de la Ley de ingresos del Municipio de Cuautla, que permite concesionar el servicio de estacionamiento en vía pública y crear un fideicomiso para manejar los ingresos de la operación de este servicio.

Sin embargo, declaró la invalidez del artículo 25, que facultaba al operador del llamado estacionómetro, para inmovilizar vehículos y quitar placas, con el fin de garantizar el pago de las multas por violar las normas que regulan el servicio. Pues se trata de facultades exclusivas del municipio que no pueden ser transferidas a un particular.

“Estimo que el precepto impugnado si violenta los derechos de legalidad y seguridad jurídica, porque los actos que en él se contemplan constituyen materialmente una sanción administrativa, no prevista en el artículo 21 de la Constitución federal”, Olga Sánchez Cordero, Ministra SCJN.

“Me parece que ya los otros temas de en primer lugar determinar una infracción, segundo lugar garantizar el cumplimiento de esa infracción y en tercer lugar imponer la sanción respectiva, me parece que todo este tramo correspondería exclusivamente a la autoridad y no pudiera ser concesionada”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

“Para el efecto de que se entienda de que a partir de ese momento, no existe fundamento legal alguno, que permita a particular alguno aplicar actos coactivos en contra de la ciudadanía de Cuautla, Morelos para inmovilizar sus automóviles o retirar sus placas, sin importar la existencia de un acto administrativo en contrario”, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ministro SCJN.

Cabe mencionar que la acción de inconstitucionalidad, fue promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), demandando la invalidez de los artículos 11 y 25 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuautla para el Ejercicio Fiscal de 2013, publicada el 26 de marzo en el periódico Oficial Tierra y libertad, al creer que se están violando los derechos de los ciudadanos al concesionar el servicio de parquímetros a una empresa privada.

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