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Los abogados del reo mexicano condenado a muerte Edgar Tamayo interpusieron una demanda ante cortes federales en contra de la Junta de Perdones de Texas y del gobernador Rick Perry, a los que acusan de «Procedimientos de Clemencia Inadecuados».
«El proceso de Clemencia de la Junta de Perdones de Texas está rodeado de secrecía. Sus miembros se han negado incluso a reunirse para discutir la petición de Clemencia de nuestro cliente», denunció Sandra Babcock, abogada de Tamayo y profesora de la Escuela de Leyes en «Northwestern University».
La demanda interpuesta por la defensa del mexicano, estipula que la Junta de Perdones de Texas ha violado sus propias reglas de «un proceso justo».
Acusa específicamente al organismo de negarse en ocasiones repetidas a dar acceso a la defensa a los argumentos y evidencias presentadas por el fiscal que se opone a la clemencia de Tamayo.
Las abogadas de Tamayo entregaron una petición de Clemencia Ejecutiva a la Junta de Perdones el 11 de diciembre del 2013, con el propósito de detener la ejecución de su cliente programada para el 22 de enero. Hasta ahora los siete miembros de la Junta no han emitido un voto.
La defensa pide a la Junta o una suspensión de 150 días o la conmutación de la sentencia de muerte por cadena perpetua.
Babcock señaló que el proceso de Clemencia es ya el único foro que puede reivindicar a Tamayo su derecho a revisar las consecuencias ocasionadas por «la negligencia del estado de Texas» al no informarle al momento de su detención en 1994 de su derecho a buscar asistencia consular.
Este punto es también el único foro que puede considerar la evidencia de su retraso mental, dijo la abogada.
Edgar Tamayo fue arrestado en 1994 por el asesinato del agente policial Guy Gaddis en Houston, Texas. El mexicano disparó contra el oficial desde la parte trasera de una patrulla, en la que era trasladado esposado a la cárcel, tras ser detenido por asalto. Después habría escapado por una ventana de la unidad.
«El Señor Tamayo nunca fue informado de su derecho a contactar a su consulado, como lo estipula la Convención de Viena en Relaciones Consulares; y a diferencia de otros mexicanos ya ejecutados, no ha contado con ninguna revisión judicial en absoluto», aseguró la abogada.
Indicó que además, tanto el procurador como el gobernador Perry habían prometido permitir una revisión en casos como el de Tamayo, pero «a la fecha no lo han cumplido su promesa».
La demanda archivada hoy en corte busca impedir que los siete miembros de la Junta de Perdones emitan una votación, sin haber compartido antes con la defensa los argumentos y evidencias presentadas por el fiscal en el caso como objeción a que se otorgue el beneficio de la suspensión al mexicano.
Busca también impedir que el gobernador emita una decisión basada en una recomendación de la Junta, adoptada a consecuencia de «un procedimiento arbitrario».
Por su parte, el Colegio de Abogados ha indicado en un reporte, cuya copia fue entregada a la corte, que el proceso de Clemencia en Texas provee menos oportunidades a los solicitantes que en cualquier otro estado.
Las abogadas de Tamayo basan su petición de Clemencia Ejecutiva, sometida ante la Junta de Perdones, en la promesa incumplida del gobernador de Texas y del Procurador que en el 2008 se comprometieron a permitir la revisión de los casos de condenados a muerte cuyo derecho a la notificación consular fue ignorado.
Defienden la violación a la notificación consular y el retraso mental y daño cerebral que el mexicano sufre desde su adolescencia y que de acuerdo a una ley emitida por la Suprema Corte de Justicia en el 2002, lo haría no elegible para ser ejecutado.
Tamayo sería el tercer mexicano en ser ejecutado después de ser emitido el Fallo Avena en el 2004, en el que la Corte Internacional de Justicia ordenaba a Estados Unidos la revisión de los casos de los mexicanos condenados a muerte cuyo derecho a la notificación consular fue violado, para determinar el daño ocasionado debido a ello.
