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El gremio transportista del Estado y la población en general recibieron el año nuevo con una medida sorpresiva del Gobierno del Estado, publicada en el periódico oficial número 5153 del día 1 de enero de 2014 -generalmente día inhábil- donde autoriza la «regularización del transporte denominado pirata”.
Esta acción fue calificada como «ilegal y arbitraria» por el Diputado Javier Bolaños Aguilar, quien explicó que el acuerdo en cuestión no reúne los requisitos establecidos en la Ley del Transporte vigente en el Estado, la cual requiere de un estudio técnico o de factibilidad previo, para el otorgamiento de nuevas concesiones, es el caso de las que se conoce como «servicio pirata» dentro del sector del transporte.
Aclaró el Coordinador de los diputados de Acción Nacional que nunca se llamó al Consejo del transporte para aprobar una regularización de la magnitud que pretende el gobierno, pues la Secretaría de Movilidad y Transporte no puede actuar de manera unilateral y desconocer la representación social del Consejo, ya que eso representa un acto de arbitrariedad.
El Diputado Bolaños Aguilar recordó a los actuales funcionarios que las autoridades solo pueden hacer lo que expresamente les mandatan las leyes; de manera que el decreto en comento al ser ilegal podrá ser combatido en la vía del amparo y de la justicia administrativa, independientemente de las responsabilidades penales a que haya lugar.
A juicio de Bolaños Aguilar, esta acción de supuesta regularización «es la formalización del divorcio del actual gobierno con diversos e importantes sectores del transporte, pues desde meses atrás era evidente la distancia entre los servidores públicos encargados del transporte y los trabajadores del volante, de igual forma, es claro que el gobierno pretende crear un nuevo frente en el sector y con ello pagar facturas políticas de campaña»
Esta acción del actual gobierno afectará desde luego a la población «pues la entrada formal de más unidades del transporte-público de pasaje, afectará más la circulación vehicular de cada día, misma que ya es insufrible en las horas pico y severa en las avenidas principales de la capital y zona conurbada».
Bolaños Aguilar afirmo qué «medidas como esta afectan también la economía de cientos de familias, cuyos jefes verán mermados sus ingresos ante una sobre oferta de servicio y competencia que seguirá siendo ilegal en todos sentidos».
Finalmente el Coordinador del GPPAN Bolaños Aguilar expresó «su apoyo al sector transportista que se verá afectado por la expedición del decreto aludido, de manera que acompañará cualquiera de las medidas legales que en el gremio se decida impulsar en defensa de sus derechos y en contra de la ilegalidad, sin descartar un incremento a las tarifas a manera de compensación, así como los acuerdos que se consoliden entre los mismos diputados de la actual legislatura para emprender acciones legales y políticas para dar marcha atrás a la medida publicada el primer día del año.
