La Procuraduría General de Justicia de Tabasco (PGJ) rastrea a José Manuel Saiz Pineda, ex tesorero de Andrés Granier, más cajas repletas de dinero en efectivo como los 88.5 millones de pesos hallados el año pasado a su secretaria Marlis Cupil en una refaccionaria de Lomitas, Nacajuca.
Agentes ministeriales de la PGJ realizan operativos de búsqueda de una casa de seguridad, donde presuntamente el ex secretario de Finanzas de Tabasco tendría guardadas enormes cantidades de dinero en efectivo.
Saiz Pineda y Andrés Granier se encuentran en prisión acusados de peculado en modalidad de pandilla, por el desvío de más de 2 mil 600 millones de pesos sólo del ejercicio fiscal del año 2012.
La PGJ asegura que en se llevaron a cabo los retiros en efectivo con cantidades superiores a los 9 mil 887 millones de pesos en los seis años de la administración de Granier.
Las cajas de Lomitas, Nacajuca, representa solamente el 3.4 por ciento de los 2 mil 600 millones de pesos que fueron desviados del erario, solamente en el 2012, por lo que autoridades estatales se encuentran rastreando el resto del dinero en efectivo que fue sacado de las arcas.
La búsqueda de más dinero en efecto a Saiz Pineda fue revelada a raíz de una denuncia presentada por un grupo de abogados que integran la defensa jurídica del ex Tesorero de Tabasco.
Ambos aseguran que fueron interrogados por espacio de 4 horas, por personal de la Fiscalía de Alto Impacto para que revelaran información de la ubicación de una casa de seguridad en donde Sáiz Pineda guardaría el resto del dinero desviado de las arcas de Tabasco.
De acuerdo a los abogados, el capitán Marino a quien señalan como el responsable de dicha Fiscalía les dijo: ”llévale este recado a Sáiz Pineda, dile que estamos a nada de encontrarle su clavo, sabemos que tiene una casa de seguridad donde tiene el dinero que le robaron al estado”.
José Armando Solís de Anda, abogado responsable del despacho de la defensa de José Manuel Sáiz Pineda, presentó ayer una demanda ante la PGJE bajo el número 065/2014 y anteriormente lo hizo ante PGR y Derechos Humanos, por considerar que ese acoso violó los derechos de sus auxiliares.
Señaló que el 12 de febrero por la mañana los dos legalistas fueron privados de su libertad cerca del aeropuerto ‘Carlos A. Rovirosa’ y subidos a un vehículo de la Fiscalía de Alto Impacto y maltratados.
Acusa que les vendaron los ojos y además les quitaron 4 mil 200 pesos.