Tal parece que la corrupción institucionalizada por el ex titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), David Gómez Basilio y alentada por altos funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, no tiene para cuando acabar, pues la venta de unas 4 mil concesiones a razón de cien mil pesos en promedio, que dejó ganancias a estos funcionarios estimadas en 400 millones de pesos que se especula serán utilizados en las próximas campañas electorales, ahora pretende continuarse con el cobro de mil pesos por beneficiado, para combatir el amparo federal que pretende echar abajo el acuerdo gubernamental para regularizar a los taxis piratas, amparo que no ha sido acatado por las autoridades estatales.
Antes fue David Gómez Basilio el principal orquestador de este mega negocio al amparo del poder, claro con la venía de altos funcionarios de la Secretaría General de Gobierno y ahora es, precisamente otro funcionario de esta secretaría general, Gabriel Gómez apodado “La Quezadilla”, quien entra al relevo en contubernio con líderes de taxistas, quienes están exigiendo que cada uno de los beneficiados con las nuevas concesiones, unas 3 mil 700, que aporten además de los cien mil pesos que pagaron “por abajo del agua”, por cada concesión y los 25 mil pesos de los derechos y pago de tarjetón, que ahora le pongan otros mil pesos cada uno, para interponer un recurso legal para echar abajo el amparo federal interpuesto por otros transportistas que no están de acuerdo en el otorgamiento de las nuevas concesiones.
Los transportistas y virtuales concesionarios denunciantes, insistieron y recordaron que ya desde hace algunos meses, Zona Centro denunció precisamente a Gabriel Gómez, “La Quezadilla”, porque diciéndose protegido por altos funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, estaba metiendo las manos en la SMyT y por igual fue coparticipe en esta venta ilegal de concesiones, pero sin el nivel de participación, de Gómez Basilio e Israel Camacho, pero igual protegido por sus jefes.
Ahora pretende aprovecharse de la situación y en complicidad con líderes de taxistas, pedir otros mil pesos a los “sangrados” nuevos concesionarios, para lograr reunir unos 37 millones de pesos y con esto seguir haciendo negocio, con quienes con la esperanza de tener un patrimonio para sus familias han sido engatusados por estos estafadores, pues hay que destacar que por un lado trasciende que parte de los 400 millones captados por la venta de concesiones de taxis, serán utilizados para la campaña por la presidencia de Cuernavaca, y parte de los 37 millones que ahora se pretenden esquilmar serán aplicados en la campaña de “La Quezadilla”, por la presidencia municipal de Zapata.
Pero esta larga como millonaria cadena de corrupción y de impunidad no sólo ha enlodado a titulares y altos funcionarios de las secretarías de Movilidad y Transporte y General de Gobierno, por igual ha invadido al Tribunal Contencioso Administrativo (TSJ) en donde el magistrado titular, Orlando Aguilar Lozano, se excusó la semana pasada, para conocer el expediente 12/2014 y sus acumulados, que fueron interpuestos por un grupo de transportistas para impugnar el acuerdo publicado el día primero de enero de este 2014, por el cual el Ejecutivo por medio de la SMyT, determina regularizar inicialmente cientos de taxis “piratas”.
Pero la excusa que interpuso el magistrado Orlando Aguilar, no tiene más causa, que incurre en un conflicto de intereses, pues su yerno Alejandro Delabra Beltrán, esposo de su hija Mildred Aguilar Hernández, es uno de los beneficiarios con estas concesiones.
Pero otra casualidad más, como la califican los transportistas que se oponen al “negocio del siglo”, es que David Gómez Basilio, es nada más y nada menos que el magistrado suplente de Orlando Aguilar, el que insistimos se excusó legalmente para conocer el caso, es precisamente Gómez Basilio el encargado de resolverlo, erigiéndose así, nada más y nada menos que en “Juez y parte”.
A decir de los que le han señalado sus corruptelas desde hace meses, le ha tocado una “parte” muy jugosa en esta “danza de millones”, que ahora se insiste, un gran porcentaje se perfila para aplicarlo en la campaña para ganar la presidencia municipal de Cuernavaca, vía el PRD, por medio de altos personajes de la Secretaría de General de Gobernación.