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Después de que los diputados aprobaron desaparecer la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y transformarla en Fiscalía General, los abogados han coincidido en que se trató de una iniciativa votada «Fast Track» (vía rápida) que en nada cambiará los vicios que existen hacia el interior como lo es la corrupción y la falta de resultados en la investigación y persecución de los delitos por lo que solo sería un cambio de nombre.
El abogado José Luis Uriostegui Salgado quien fue procurador de justicia señaló que se requiere que la Fiscalía tenga autonomía, es decir, que no sirva a los intereses como el Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial y aunque consideró que hay gente profesional al interior se requiere una depuración de las áreas.
«Hace falta autonomía en la institución y ese problema después de 13 años sigue vigente mientras que el procurador no tenga la libertad de tomar decisiones dentro de la institución para transformar el modelo institucional y sancionar a quienes no cumplen su función y mientras dependa del Ejecutivo u otro poder no habrá ningún avance» dijo.
El abogado Cristian Fragoso dijo que hay vicios que afectan el debido proceso entre ellos que las autoridades primero detienen a los ciudadanos pero como no hay flagrancia los acusan de resistencia a particulares y después les crean acusaciones para girar órdenes de aprehensión y el círculo se cierra con «jueces de consigna» que los vinculan a proceso.
Por ello consideró que la desaparición de la procuraduría para dar paso a la fiscalía se trata de «un traje a la medida para tratar de revertir la imagen negativa que se tienen por parte de la ciudadanía de la dependencia en mención»
Explicó que se requiere cambiar la estructura de fondo incluso en algunas otras partes del mundo el fiscal es designado por los ciudadanos y no por el Ejecutivo con el aval del Congreso.
Añadió que se requiere una policía científica y personal de carrera, además de dotarlos de recursos para la adquisición de material pericial porque actualmente no hay aparatos para la confronta de ADN, que se utiliza para la identificación de víctimas por ejemplo cuando son encontradas en fosas clandestinas, también no hay reactivos básicos para detectar proteína P30 que se utiliza para determinar casos de violación.
Y aunque los diputados del congreso ahora realizarán el reglamento donde se contempla dejar 6 años al fiscal y que rinda informes cada 6 meses al Ejecutivo se trata de una reforma política de forma y no de fondo solo para tratar de cambiar la percepción que tienen la ciudadanía de la procuraduría pero el riesgo es que tendrá los mismos vicios.
