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De nueva cuenta un acto de corrupción de un funcionario de la Secretaría de Movilidad y Transporte, en este caso del hoy director del Transporte Público, Francisco Maldonado Huete, está a punto de provocar un enfrentamiento de graves consecuencias entre transportistas de la región oriente del estado, al haberles aprobado una ampliación de derrotero el año pasado a los de la ruta 6-A, que preside José Refugio Bobadilla Balón, cuando 17 años atrás, ya se había aprobado a los concesionarios de la ruta 3 y 3-A, que encabeza, Germán Rojas Galindo.
Esta problemática fue denunciada por el propio presidente de la ruta afectada, Germán Rojas, quien con documentos en la mano dio a conocer que desde el año 1996, los concesionarios de las rutas 3 y 3-A, cuentan con la autorización para la explotación del derrotero, “Parque Las Garzas, colonia Morelos y colonia 19 de Febrero de Cuautla, como lo acredita el oficio número SGG/DGT/SDP/001354/96.
A pesar de esto el 30 de octubre del año pasado, el entonces Director General de Transporte Público y Particular, Ramón Ávila Reyes en complicidad con el entonces director de Planeación Francisco Maldonado e Israel Camacho Huerta, sin la realización de los estudios de factibilidad que impone la ley de transporte, que de haberlos hecho se habrían dado cuenta que ese derrotero ya lo cubrían con la autorización de esa dependencia las rutas 3 y 3-A, autorizaron este mismo recorrido a la ruta 6, amparando su decisión en el oficio número SM y T/DP/1244-Bis/X/2014.
Al darse cuenta del problema que habían provocado estos personajes, en complicidad con el presidente de la ruta 6, argumentaron que el 16 de diciembre del año pasado, se había ingresado por oficio la solicitud de ampliación de dicho derrotero a la SMyT a cargo de ex titular David Gómez, documento que carece de sello oficial alguno, pero entonces aparece de manera “espontánea”, un documento de autorización a esta petición, con fecha 20 de octubre del mismo 2013, o sea que según esto, el trío de funcionarios, Ramón Ávila, Francisco Maldonado e Israel Camacho aparte de todo son “adivinos”, pues desde el 20 de octubre ellos ya sabían y por ello autorizaron esta ampliación de este derrotero, que les habría de solicitar el presidente de la Ruta-6, el 16 de diciembre ese mismo año, esto es casi dos meses después.
Sin embargo como dicen los peritos criminalistas, que “no hay crimen perfecto”, si bien esta solicitud del presidente de la Ruta-6, José Refugio, que se hizo al vapor para justificar el acto de corrupción que una vez más agudiza los problemas en el transporte público de la zona oriente, tiene fecha del 16 de diciembre del año pasado y la de la autorización del 30 de octubre, del mismo año, evidenciando que antes de que hiciera la petición ya se tenía la respuesta positiva a esta.
Hay que destacar que esta respuesta si bien, insiste el denunciante tiene fecha de 30 de octubre de 2013, también tiene un número de oficio consecutivo de fecha del 2014, que es SMyT/1244-Bis/X/2014, lo que reitera, es una muestra de la burda maniobra que hicieron estos tres funcionarios para tratar de encubrir y justificar sus corruptelas.
Los concesionarios de las rutas 3 y 3-A, señalan como principal autor de esta corrupción que los tiene al borde del enfrentamiento con los ruteros de la 6, al hoy director de Transporte Público, Francisco Maldonado, por lo que exigen una investigación de la Contraloría General para que se le sancione, además de que puntualizaron que no se debe de dejar de lado que se revise su perfil profesional, pues es bien sabido en la SMT que carece de los estudios básicos y que tal como aparece en la página de esa dependencia sólo cuenta con conocimientos en mecánica automotriz, por lo que a todas luces adolece de la capacidad profesional para desempeñar el cargo que ostenta.
