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A veinte días de haber iniciado las denuncias SC01/12001/2014 y SC01/12002/2014, por el delito de cohecho en contra del ex Secretario de Movilidad y Transporte, David Gómez Basilio, Jesús Delgado Arizmendi, Presidente de la Confederación Democrática de la Nueva Visión, Gabriel Gómez Cruz, ex director de Gobierno estatal y Judith Juárez, entre otros por el fraude de que fueron objeto con la venta de concesiones para taxis, los agraviados Adriana Gómez Nájera y Pedro Paredes Montiel, de las agrupaciones Radio Taxi Ilusión y Gran Alianza, respectivamente, señalaron que lejos de recibir justicia han estado recibiendo amenazas de muerte.
Los denunciantes entrevistados este día destacaron que incluso al acudir el pasado día dos del presente mes a la Fiscalía General a interponer sus denuncias, luego de que un día antes lo habían intentado hacer y no los atendieron por lo que tuvieron que ir a la Secretaría de Gobierno a quejarse, explicaron que al entrevistarse con el fiscal, Rodrigo Dorantes, ambos lo cuestionaron sobre si de verdad los iba a atender, los iba a ayudar o no, porque su padre Ricardo Dorantes ya se había comprometido con uno de los denunciados, Jesús Delgado Arizmendi a mover “sus influencias con su hijo”, para que las denuncias no procedieran y se quedaran congeladas.
En medio de esta situación, Adriana Gómez y Pedro Paredes, por igual manifestaron su inquietud y desaprobación en contra de Rodrigo Dorantes y su Secretario Ejecutivo Luis Ortiz, porque este de manera prepotente e indignante los trato y se molestó porque el Jefe de Escoltas del Fiscal, los paso directamente a la oficina del Fiscal, por lo delicado del caso y pese a que sólo cumplía con su trabajo, lo denunciaron y lo quitaron del puesto.
En este contexto Adriana Gómez y Pedro Paredes coincidieron en señalar que el fiscal les aseguró que se haría justicia, pero recalcaron que ese mismo día por la tarde, los involucrados en la denuncia ya andaban alardeando que les habían avisado y que incluso ya les habían dado una copia de la misma carpeta de investigación”.
A partir de entonces y hasta la fecha, recalcaron, que: “hemos estado recibiendo amenazas de muerte a nuestros teléfonos, en nuestros domicilios, con nuestros conocidos”, expresaron.
Además agregaron hasta el momento no los han entrevistado los agentes de la Policía Investigadora Criminal, como se supone que marca el procedimiento, no han investigado.
«La Fiscalía no ha hecho nada y mientras a nosotros cada vez nos amenazan más de muerte», expresó Pedro Paredes quien responsabilizó de lo que pueda pasarles a ellos y a sus familiares a los funcionarios denunciados y a quienes los solapan para que sigan haciendo de las suyas.
