Después de que el Congreso del Morelos aprobó ayer una auditoría especial al crédito que le otorgaron al Gobierno del Estado por más 2 mil 800 millones de pesos en octubre del año pasado, hoy el mandatario estatal, Graco Ramírez, arremetió contra el autor del punto de acuerdo el legislador del PAN Javier Bolaños Aguilar pero además calificó de ilegal el dictamen y que habrán de impugnarlo.
En este dictamen donde el Congreso también pide que el Ejecutivo regrese 500 millones de pesos que serían para la construcción de un nuevo palacio legislativo el mandatario dijo que no están facultados.
“Respecto a la auditoría al crédito el Ejecutivo del estado señala ante la opinión pública que los recursos del crédito mencionado son auditados por el poder legislativo el que nada debe nada teme, agregaremos que haremos público en el portal del gobierno obras y montos para ubicar con transparencia en que fue invertido este empréstito ustedes conocieron con que bancos hicimos los tratos cero comisiones y cero tasa de interés”, dijo el gobernador.
Explicó que el ejecutivo ha cumplido cada tres meses con la entrega de la cuenta pública al Congreso local y ahí aprovechó para arremeter contra el legislador panista.
“Sabemos que el principal impulsor de esta acción de transparencia es el coordinador parlamentario del PAN que tratando de generar una cortina de humo para ocultar los desvíos incurridos en la pasada administración a la cual él perteneció donde el propio diputado fue el operador político de las contraprestaciones otorgados a los diputados de la pasada legislatura prueba de ello es que hoy se encuentran dos ex secretarios de finanzas del gobierno anterior uno bajo proceso en Atlacholoaya y otro sigue bajo proceso en arraigo gracias a un amparo pero el daño patrimonial que hicieron estos dos funcionarios está probado y por eso están vinculados a proceso”,dijo.
Pero en cuanto a que el Congreso está pidiendo el regreso de 500 millones de pesos por concepto de la construcción de un palacio legislativo el gobernador del estado dijo que “el poder Ejecutivo le corresponde realizar todas las acciones inherentes a los asuntos del estado que emanan de las disposiciones del poder legislativo, actividades que son resultantes del principio de división de poderes dispuesto por la legislación estatal corresponde a la administración pública dependiente del gobernador del estado la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, ejecución y control de las obras públicas en bienes inmuebles que sean patrimonio del estado por lo tanto esta resolución no tiene sustento legal porque el poder legislativo tiene otras atribuciones”.
Pero además dijo que los 500 millones fueron aprobados en la ley de egresos del Ejecutivo por lo cual los diputados no tendrían atribuciones legales por lo que consideró que el dictamen es ilegal y lo observarán pero aprovechó para acusar a los diputados del PRI y el PAN de tener como interés de fondo obtener 200 millones para destinarlos a cañeros.
Por su parte el diputado Javier Bolaños Aguilar en entrevista con medios de comunicación lamentó las declaraciones del gobernador y dijo que son ofensivas para los legisladores y en su calidad de presidente de la Junta Política y de gobierno hizo pública su disposición para seguir haciendo el esfuerzo para enlazar puente de comunicación y construir acuerdos para sacar adelante la agenda política.
Explicó que es lamentable y ofensiva la declaración del ejecutivo porque fueron 26 votos de 29 posibles la votación con que fue aprobada la auditoría especial. Y que la auditoría fue producto de un análisis de lo que viven los ciudadanos.