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Esta misma mañana la policía del mando único llegó a la base de la policía de Tlaquiltenango con el comisionado estatal de seguridad Alberto Capella al frente, aunque el cabildo completo no se encontró aun con ello la policía ingreso.
Por su parte, el abogado Cipriano Sotelo Salgado expresó que aunque legalmente el estado puede asumir la seguridad en un municipio, la intervención tiene que estar justificada con datos estadísticos sobre la inseguridad que priva, de lo contrario habría la posibilidad de que el propio ayuntamiento promueva una controversia constitucional.
“La intervención es legal siempre y cuando esté justificada no puede inventarse pretextos para poder apoderarse de la seguridad tendría que ser un caso justificado que efectivamente pudiese dar la legitimidad para llegar y entrar”, dijo.
Explicó que antes de que la policía ingresara se tuvo que notificar al presidente municipal y su cabildo el por qué de la intervención con argumentos estadísticos pero además especificar durante que tiempo la policía estatal estará haciéndose cargo del municipio.
“La justificación para intervenir cualquier municipio es que la inseguridad sea latente, si es una presunción eso no justifica la inclusión se tienen que establecer cifras de índices delincuenciales en crecimiento, robo a mano armada de manera constante, indicios donde la policía hace caso omiso de los auxilios ciudadanos o que inclusive estén coadyuvando con grupos delincuenciales o que dejen de actuar, no es una diferencia política entre el presidente y el gobernador que justifique esta intervención de lo contrario puede promoverse una controversia”,finalizó.
