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Un pleito entre particulares por la posesión y el usufructo de la propiedad donde opera el exclusivo Hotel Restaurante Portofino, localizado en la calle Rufino Tamayo de Acapantzingo, provocó una importante movilización policiaca, pues una de las partes pidió auxilio asegurando que gente extraña se estaba metiendo al inmueble.
Poco después de las 10:00 horas, los elementos policíacos del Mando Único de Cuernavaca recibieron la llamada de auxilio por parte Nino Lo Buono y su esposa Virginia Durruty, ya que al llegar al lugar con vinos y otros enseres para el restaurante fueron echados junto a sus trabajadores, por parte de su socio Miguel Ángel Guadarrama y sus acompañantes, quienes les cerraron las puertas del lugar y les impidieron el paso, sacándolos a la calle los productos que acababan de comprar quedando estos en la banqueta, al tiempo que otras de sus propiedades que tenían en el inmueble fueron sacadas al patio trasero.
Esto provocó que policías de Cuernavaca llegaran al lugar, provocando la psicosis e inquietud de los vecinos y de quienes pasaban por el lugar, pues en un principio se pensó que se trataba de un ataque de personas armadas en contra de quienes se encontraban en “El Portofino”.
Pero al llegar los policías se entrevistaron con Miguel Ángel Guadarrama y su abogado quienes “se atrincheraron” en el interior del inmueble y exhibieron comprobantes donde se acreditaron como socios del lugar con el mismo derecho de ocuparlo , sólo que explicaron que este había incumplido con sus obligaciones por más de cinco meses al no pagar la renta y usufructuar el lugar únicamente para su beneficio personal ignorándolos a ellos, por lo ante la falta de pago decidieron echarlo del consorcio e iniciar un proceso judicial en su contra, además de que señalaron el mal trato del italiano a los trabajadores, en no pago puntual de sus salarios y hasta del aguinaldo en el pasado mes de diciembre.
Por su parte el italiano Nino Lo Buono y su esposa Virginia Durruty, afirmaron que todo eso era una arbitrariedad y exigían a la policía que entrara y sacara a quienes los habían echado del lugar, al tiempo en que aseguraba que los tenían que indemnizar por los daños y perjuicios con más de 600 mil pesos, al tiempo de indicar que esto lo tendrán que ver los abogados, pues son prestadores de servicios que estaban siendo afectado.
Ante esto la policía del Mando Único se vió imposibilitada a actuar, ya que se trataba de un conflicto entre particulares que deberá resolverse en los tribunales.
