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El vicepresidente de Consejo Directivo de Canacintra, Adrián Inda Valencia, lamentó que sólo un candidato hasta el momento aceptó hacer pública su declaración patrimonial y se sometió a pruebas toxicológicas, por lo que explicó que ahora después de las elecciones buscarán a nivel federal una reforma que obligue a quienes aspiren a un cargo de elección a someterse a pruebas de rigor para evitar hechos como los de Iguala, Guerrero donde el ex alcalde (hoy preso) José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa fueron acusados de vínculos con la delincuencia y la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.
Recalcó que a un mes de la elección no hay ninguna garantía de que algunos candidatos no estén vinculados a la delincuencia porque no rindieron cuentas ni transparentaron sus recursos o si tienen algunos vicios y de qué tipo, por lo que de los más de 5 mil aspirantes a alcaldías, regidurías y diputaciones no se sometieron a ninguna prueba.
Actualmente el asunto es de voluntad y no obligatorio bajo el argumento de que se violan los derechos humanos de los candidatos, pero los partidos políticos debieron garantizar que los candidatos no tengan vínculos con el narcotráfico pero la historia se repite y actualmente hay quienes participarán bajo las siglas de un partido y llegarán al poder ayudados por delincuentes.
