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El operativo comenzó antes de las dos de la tarde las áreas de inteligencia de la policía federal ya tenían ubicado a Francisco Salgado Valladares quien ingresó al fraccionamiento Tabachines de Cuernavaca y fue detenido en el área de restaurante por decenas de elementos de la policía federal que ingresaron sin que la seguridad privada del fraccionamiento SSSP lograra hacer algo.
Salgado Valladares, fungía como subdirector operativo de la policía de iguala cuando el 26 de septiembre de 2014 un grupo de normalistas intentaron llegar hasta un evento de la presidenta del DIF María de los Ángeles Pineda Villa quien aspiraba a suceder en el cargo a su esposo José Luis Abarca Velázquez pero los policías dieron la orden de dispararles para que desistieran de sus intenciones.
Esta persona hoy detenida en Cuernavaca según confirmó también el propio gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu habría dado la orden de disparar contra los normalistas y según se ha dado a conocer presuntamente recibía 600 mil pesos mensuales del operador financiero de Guerreros Unidos Raúl Núñez Salgado quien fue detenido desde el mes de octubre en un centro comercial de Acapulco Guerrero y quien habría confesado que le entregaba el dinero para permitir el libre tránsito y protección del grupo criminal Guerreros Unidos.
Desde los hechos ocurridos en Iguala Francisco Salgado Valladares se refugió en Morelos tratando de ocupar un bajo perfil por lo que habría ingresado a trabajar distintos negocios de hecho en el momento de su detención traía puesta una playera de un negocio de mantenimiento de Albercas denominado “Proqui alber” localizado en la colonia Acapantzingo de Cuernavaca a escaso medio kilómetro de donde fue detenido.
El ex subdirector operativo es acusado de dar la orden de disparar contra los normalistas de Ayotzinapa que se encontraban en la ciudad de Iguala el 26 de septiembre y se habría dado a la fuga junto con su jefe Felipe Flores Velázquez, exsecretario de Seguridad Pública de Iguala.
En este operativo no se le dio aviso a ninguna autoridad del estado ni del municipio ante la desconfianza que le brindaran protección a esta persona.
