A consecuencia de toda una entrincada red de corrupción en la que estarían participando desde el Fiscal General, Rodrigo Dorantes Salgado, el Fiscal de Cuautla, José Manuel Serrano Salmerón, el Director de Investigaciones y Procesos Penales, de la zona metropolitana Ricardo Flores Delgado y algunos ministerios públicos, los miembros de una familia vecina de Lomas de Cocoyoc padecen hoy las consecuencias de la impunidad, a manos de Joaquín Romero de la Parra y Andrés Marín González, quienes además de haberles vendido un auto robado, hoy los tienen amenazados de muerte, amén de darse el lujo junto con los funcionarios de la Fiscalía General de desacatar una orden judicial.
Todo inicio con la compra el día 20 de enero del año 2012 que la señora Martha Gómez Ayala hizo a Joaquín Romero de la Parra de un automóvil Volkswagen Jetta modelo 2011, color marrón, placas 582-YAX del Distrito Federal, ya que para el día 4 de junio de 2013, Joaquín Romero interpuso la denuncia YA-UIDD-A/1491/2013 contra Martha Gómez, acusándola de Abuso de Confianza, asegurando que «le había prestado el citado automóvil con opción a venta por una semana a ella y su esposo Agustín Armando Corrales Plancarte y que éstos ya no se lo devolvieron diciéndole que le hiciera como quisiera».
Esto a pesar de que Martha Gómez demostró que le había comprado el Jetta con un pago inicial en efectivo de 25 mil pesos, el mismo 20 de enero de 2012, entregándole un cheque por 60 mil pesos el día 2 de abril del mismo año y con la entrega de un Volkswagen Beetle modelo 2009 para hacer un total de 150 mil pesos.
Pero un día después de que Romero de la Parra iniciara la citada denuncia por abuso de confianza, el Ministerio Público que tomo conocimiento del caso sin realizar ninguna investigación a fondo, determino el aseguramiento del vehículo y ordeno a elementos de la Policía de Investigación Criminal su localización y puesta a disposición.
Esto motivo que el día 9 de junio, Romero de la Parra y su amigo Andrés Marín González en la camionetas que conducían, se las echaron encima a Tanía Nallely Corrales, hija de los agraviados , tras una persecución cuando ella conducía el Jetta en cuestión por el municipio de Tlayacapan, por lo que incluso tomaron conocimiento del hecho policías del lugar, hasta que llegaron los elementos de la PIC y aseguraron el Jetta.
A este respecto el matrimonio agraviado, Agustín Armando y Martha Gómez, destacaron y así lo hicieron valer ante el Ministerio Público, pero nunca fueron tomados en cuenta, ya que a la hora de iniciar la denuncia en su contra por abuso de confianza, Romero de la Parra, acredito la propiedad del mismo con una factura expedida por HDI Seguros a favor de Multiasistencias Behma, S.A. de C.V: de fecha 27 de julio del año 2011 en la que se asienta una cesión de derechos a su favor de fecha 8 de diciembre de 2012, firmada por José Luis Manzo.
Pero el 12 de agosto del mismo año, el mismo presunto agraviado Romero de la Parra compareció ante el Ministerio Público para acreditar la propiedad del auto, presentando otra factura , la número 1, de fecha 23 del año 2012, que expide Multiasistencia Behma, S.A. de C.V. a favor de Rubén Cervantes Rugama, quien cede los derechos del citado vehículo el 23 de mayo de 2012 a favor de Romero de la Parra incurriendo así en el delito de falsedad en declaración ante la autoridad y uso de documentos falsos, lo que fue ignorado por el Ministerio Público y sus jefes superiores, el Fiscal General, Rodrigo Dorantes Salgado, el Fiscal de Cuautla, José Manuel Serrano Salmerón, el Director de Investigaciones y Procesos Penales, de la zona metropolitana Ricardo Flores Delgado, quienes determinaron primero otorgarle en depósito ministerial momentáneo y después indefinido el 22 de octubre de 2013, del vehículo, pese a que existen peritajes de la misma FG y de la Planta Volkswagen de Puebla donde se establece que dicho auto tiene borrado el número de serie, tiene reporte de robo y tiene partes de otro vehículo también con reporte de robo .
Por ello la agraviada Martha Gómez compareció ante el Ministerio Público el día 9 de enero de 2014 para denunciar todas las ilegalidades en que habían incurrido las autoridades y Romero de la Parra, al entregarle a este el auto, hechos que incluso se denunciaron en la Secretaría de la Gubernatura con el número de folio 02529 de fecha 30 de junio de 2014, de donde fueron canalizados a la Secretaría de la Contraloría con su titular José Enrique Felix Iñesta y Monmany, iniciando la queja número 0429, además de interponer las quejas en la Visitaduría en contra del Director de Investigaciones Ricardo Flores, que son las número VG/SV/056/14-03 y 050/2014-07.
Todo lo anterior derivo en que se dejará sin efecto el acuerdo de haber entregado el Jetta a Romero de la Parra , por medio de una determinación del Tribunal Judicial, de acuerdo a la Toca Penal 158-2014-2A-0-2, tras la queja interpuesta por Martha Gómez que fue la JC/230/14, ordenando el 3 de junio de 2015, la juez Cuarto de Distrito en el Estado, Griselda Sáenza Horta que se asegurara el citado vehículo y se requiriera Joaquín Romero de la Parra para que lo entregara, lo que no se ha cumplido hasta la fecha por parte de las autoridades de la Fiscalía, incurriendo en desacato el Fiscal de Cuautla José Manuel Serrano Salmerón y el Director de Investigaciones Ricardo Flores así como sus Ministerios Públicos.
LAS AMENAZAS DE MUERTE.
Por otra parte, el día 24 de octubre del año 2013, abordo del auto en pugna cuando este ya había sido devuelto ilegalmente a Romero de la Parra, su amigo Andrés Marín González, se lo echó encima a Brenda Corrales Gómez hija de la denunciante, en el interior del Fraccionamiento Lomas de Cocoyoc, por lo que las agraviadas iniciaron la denuncia TY02/330/2013, por homicidio en grado de tentativa contra Andrés Marín, pero como éste ya conocía a Ricardo Flores en ese tiempo Subprocurador Metropolitano, ambos se reunieron el día 29 de septiembre del año 2014 en el restaurante «El Faisán» de la avenida Rió Mayo de Cuernavaca, donde Ricardo Flores le entregó una copia de la citada carpeta de investigación.
Sobre esta entrevista, afirmó Agustín Armando Corrales y Martha Gómez, existen testimonios de meseros del restaurante y de unos conocidos quienes incluso asentaron en sus declaraciones que escucharon cuando Andrés Marín amenazar a las denunciantes.
Pero además, en medio de toda esta cadena de complicidades y corrupción, a decir de la familia agraviada aparece la intervención del Fiscal General Rodrigo Dorantes y de su padre Ricardo Dorantes, quienes a toda costa trataban de que no fuera vinculado a proceso Andrés Marín por el intento de homicidio de la hija de los denunciantes, ya que incluso unos días antes de que se conociera públicamente que el Fiscal General había renunciado al cargo acudió a Cuautla, » a tratar de que las partes involucradas llegaran a un arreglo, incluso por medio de la Justicia Alternativa», lo que no se logró a consecuencia de los graves delitos cometidos por los presuntos, sin embargo hasta la fecha Romero de la Parra y Andrés Marín siguen impunes.