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El alcalde de Cuernavaca y presidente de la Junta General de Gobierno de la Conferencia Nacional de Municipios de México (CONAMM), Jorge Morales Barud, dio a conocer que durante la sesión plenaria de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, fueron aprobados tres ejes con prioridad nacional a fin de eficientar recursos y garantizar mayores controles para rendir mejores cuentas a los ciudadanos.
Lo anterior tras acudir a la 38 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública en Palacio Nacional, que encabezó el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, luego de ser asignado por alcaldes y alcaldesas miembros de la Mesa Directiva de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal.
En este contexto precisó que también se contemplan los programas vinculados al ejercicio del fondo o subsidios y demás recursos de carácter federal que se otorguen a las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios en materia de seguridad pública.
Morales Barud refirió que para seguir avanzando en el cumplimiento de los objetivos es necesario el trabajo conjunto de los tres órdenes de gobierno y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la seguridad bajo esquemas de colaboración y corresponsabilidad.
Con lo anterior, el edil hizo hincapié en la aprobación de un plan estratégico para la profesionalización de las corporaciones, estatales y municipales, de tal manera que pueda garantizarse el cumplimiento al debido proceso y el respeto a los derechos humanos.
Dicha estrategia, dijo, estará integrada en tres etapas dirigidas a la ampliación de las capacidades en materia de justicia penal y competencias básicas, así como el robustecimiento de los mecanismos para la prevención de la violencia.
Del mismo modo, el edil destacó que se aprobó el desarrollo de una nueva política nacional del sistema penitenciario mediante mecanismos de certificación y modernización.
En ese tenor, Morales Barud confió en que tras la toma de decisiones que abonarán al fortalecimiento de los cuerpos policiales y a la implementación del sistema de justicia penal, a través del trabajo comprometido y la optimización de los recursos económicos, materiales y humanos, podrá garantizarse mayor transparencia en el desempeño de sus funciones al servicio de los ciudadanos.
